Atlanticenses rechazan que el constructor Mario Huertas Cotes, después de 9 años, entregará una obra con 2.5 kilómetros menos de los contratados.
Por José Granados Fernández
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La obra en manos del galardonado constructor Mario Huertas Cotes, MHC, pasó de $93.874 millones a $158.277 millones, es decir $64.403 millones más; en vez de 12.5 kilómetros, su alcance será sólo de 10 kilómetros, construidos “a paso de morrocoyo”, no en 4 años, como estaba pactado, sino en 9. En resumen, el tramo no llegará de Puerto Velero al Sombrero Vueltiao, como había anunciado el Gobierno Nacional, sino que apenas alcanzará hasta Palmarito.
Por todos esos hechos registrados desde diciembre de 2015, cuando el ex vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, pomposamente, vino a firmar la adjudicación, la comunidad de la zona costera del Atlántico se siente “engañada”, porque, además de los retrasos y los mayores costos del Contrato 1674 de 2015 del Invías, hoy están pagando $34.400 en peajes, cada vez que vienen a Barranquilla y regresan a sus casas.
Este tramo contratado por obra pública hace parte de la vía al mar Barranquilla – Cartagena, de unos 110 kilómetros, que el Gobierno Nacional califica como una obra de cuarta generación: es decir, en el papel su trazado, según esa clasificación, es en doble calzada, pero la realidad es otra porque cerca de 62 kilómetros siguen siendo en una calzada, de especificaciones viejas en cuanto al ancho de sus carriles.
Además de la demora de cinco años para terminarlo, el tramo de la discordia sufrió en noviembre de 2022 destrozos por el fuerte invierno en el área de El Morro. Hace poco menos de un mes el Invías comenzó las reparaciones de los dos grandes cráteres que dejaron los hundimientos de la calzada nueva. Las lluvias destruyeron parte de lo poco que habían construido.
Rechazo comunitario
“Esta no es una 4G, nos engañaron, y nos cobran un peaje costosísimo. Ahora el Gobierno Nacional dice que van a cobrar valorización”, alegan al sentirse manoseados.
Los últimos reclamos en contra de la constructora MHC se escucharon el pasado viernes en la tarde, en la escuela de la Urbanización Nueva Esperanza, sector de Playa Mendoza. La comunidad fue citada a una reunión sobre la “finalización del contrato” del tramo anunciado por Vargas Lleras, a la que asistió 30dias.co.
Cerca de 16 propietarios residentes de la zona asistieron a la socialización; no lo hicieron representantes de las alcaldías de Tubará y Juan de Acosta ni de la Gobernación del Atlántico, pese a que la comunidad les informó.
Funcionarios de la interventoría, a cargo del Consorcio Desarrollo Vial, y de MHC alcanzaron a referirse, grosso modo, a los avances de las obras, a las dificultades que han tenido; hablaron del Plan de Manejo Ambiental, pero cuando llegó el informe sobre la gestión predial, ardió Troya.
Ana Narváez, abogada que tiene a cargo la gestión predial, comenzó informando que inicialmente iban a adquirir 196 predios, pero en definitiva sólo serán 164.
Previamente la comunidad había conocido oficialmente lo que ya se rumoraba en la zona de Palmarito: la doble calzada tendrá 2.5 kilómetros menos. En otras palabras: se acabó la plata para completar los 12.5 kilómetros contratados.
Es decir, no llegará ni al puente sobre el Arroyo Grande y mucho menos hasta el Sombrero Vueltiao, en la intersección de Santa Verónica.
“Me siento engañada: a mi casa fueron, midieron, pusieron una señalización y dijeron que el predio iba a ser afectado, que lo iban a comprar; ahora, 9 años después, salen a decirnos que no”, fue la queja que expuso Claudia Zapata, quien reside en el sector del puente.
Contó que todos esos años su familia no pudo ofrecer en venta su propiedad porque “nadie la iba a comprar” a sabiendas de que iba ser afectada por el trazado de la nueva calzada.
Duro reclamo por falta de planificación
La frustración de Zapata fue secundada por el ingeniero Óscar Imitola, quien fustigó la “falta de planificación y el desorden en la gestión predial, lo que terminó elevando el valor total del contrato y recortando el alcance de la obra”. Su argumento lo respaldaron la mayoría de los propietarios presentes.
Imitola les dijo a los constructores que habían sido incapaces de sacar adelante la construcción en el plazo programado, pese a que se trataba de un terreno plano. “Por tanta demora hay que proponer que le den otro premio nacional al ingeniero Mario Huertas”, enfatizó con sorna.
Sostuvo que a MHC el Invías le dio ese tramo porque fue su exigencia para hacerse cargo de la concesión Cartagena – Barranquilla, que el gobierno de Juan Manuel Santos le quitó al fallecido constructor David Name Terán.
“Mario Huertas dijo que para lograr el cierre financiero de la concesión necesitaba que le entregaran una obra adicional y le dieron este tramo, que no es de la concesión de la ANI, sino que es una obra pública, que se paga con dineros de nuestros impuestos, y lo contrató el Invías”, expresó en su denuncia.
Recordó el ingeniero Imitola que para esa época la ministra de Transporte era la barranquillera Natalia Abello.
Hoy, por efecto de la llamada ‘puerta giratoria’ que opera entre el sector público y privado para algunos casos, Abello es la nueva gerente de la Ruta Costera, responsable de la cuestionada vía Barranquilla – Cartagena.
Se desbarató la reunión
Lo expresado por Imitola causó la reacción del ingeniero Francisco Bendeck, director de la obra, quien le manifestó, en un enfrentamiento verbal, que los había irrespetado y que si tenía pruebas podía presentar la denuncia ante los organismos de control.
La comunidad, a su vez, también se sintió «irrespetada y usada», por lo que 12 de los asistentes se fueron de la socialización, no sin antes advertir que la asistencia que había firmado no podía ser utilizada por la constructora ni por la interventoría para anexarla a algún acta en la que den por recibida a satisfacción la obra.
“Cuando me llegó la convocatoria sentí un fraude, porque jurídica y técnicamente está demostrado que la obra no está terminada en todas sus fases, como lo establece el contrato inicial de 12.5 kilómetros”, dijo a 30dias.co el empresario turístico Silvio ‘El Pollo’ Charris.
“Sería cómplice de una defraudación al Estado al firmar, a través de un acta, que hay una finalización de obras, cuando está demostrado que el contrato no ha sido cumplido a satisfacción. En la comunidad sabemos que no lo cumplieron ni cuantitativa ni cualitativamente, porque no se trata de una obra 4G”, agregó.
Al retirarse, Claudia Zapata, en nombre de propietarios vecinos suyos, calificó la reunión como “un desastre”.
“Todas estas reuniones —agregó— siempre han sido un desastre; ellos dicen lo que quieren decir, pero no tienen que ver nada con la comunidad ni con el cumplimiento del contrato ni con lo que tienen que entregar”.
Insistió en cuestionar la gestión predial porque la hicieron “inexplicablemente, comprando un pedacito hoy y otro mañana”, lo que encareció el proyecto. “Cuando el metro cuadrado estaba a 50.000 debieron hacer las compras, pero como ahorita, por efectos de la obra, está a 450.000, pararon ahí en Palmarito, y les faltaron los predios para llegar a los 12.5 kilómetros”.
Giros nacionales anualizados
¿Por qué los desfases y mayores costos en la gestión predial?, pregunto 30dias.co al ingeniero Francisco Bendeck. Explicó que cuando el Invías sacó la obra a licitación la estructuraron con estudios de 2013 y le asignaron un presupuesto de $4.000 millones para la compra de predios, pero este gasto se disparó a más de $29.000 millones por el auge de construcciones en todo el trazado del proyecto.
¿Si eso era previsible, entonces, por qué, como cuestiona la comunidad, no compraron los predios de inmediato, como lo hacen en toda obra de esta naturaleza?
Respondió el director de la construcción que el Invías solamente les “giraba los recursos por partidas anuales”, es decir, trabajaban cada año hasta donde alcanzaba la plata; “no podíamos hacer más, así estuviéramos en capacidad de hacerlo”.
Manifestó que MHC “ha cumplido con todos los requerimientos de la construcción”, dijo que tuvieron que hacer nuevos diseños por pedidos de obras de la comunidad, como tener retornos vehiculares más cercanos, y la construcción de puentes peatonales en El Morro y Palmarito.
Desde que arrancó, el Contrato 1674 ha tenido 16 modificaciones, 7 adiciones y 14 prórrogas. Así lo revela la trazabilidad de la información publicada en el Secop.
La última adición del 26 de marzo pasado, firmada por Adriana Díaz Izquierdo, subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos del Invias, y Mario Huertas Cotes, le da al contratista otra prórroga para terminar el 30 de junio de 2024, y, de paso, le aprobaron otros $4.500 millones.
Por esa razón, el valor que aparece en la valla instalada en Palmarito pasó de 153.777 millones a 158.277 millones, con el agravante, como denuncia la comunidad, de que la nueva calzada será “más costosa y con menos kilómetros”.
Ese mayor valor significa que al contratista le aprobaron adiciones presupuestales que suman el 64% frente al valor inicial del contrato. ¿No se trata, acaso, de una violación a la Ley 80, que dice que un contrato debe adicionarse sólo hasta un 50%?, pregunta la comunidad.
“Esto ha sido un gran engaño”, insisten, y critican el silencio de los gobernantes y de los congresistas del Atlántico.
