El viernes, la Jueza 13 de Control de Garantía debe decidir si dicta en su contra medida de aseguramiento, como lo pidió la Fiscalía General de la Nación desde Bogotá.
Por José Granados Fernández
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El 12 de septiembre de 2022, Barranquilla amaneció conmocionada por la masacre del barrio Las Flores: 6 hombres fueron asesinados en el estanco Donde Migue, pero, pese a las pruebas y los testimonios, un juez ordenó detención domiciliaria para Yeremi David Colmenarez Colmenarez, uno de los señalados sicarios del grupo delictivo ‘Los Costeños’ que cometieron el múltiple asesinato.
En abril de 2023, tras llegar extraditado de España, Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, integrante de la línea de mando de la banda criminal ‘Los Pachenca’, fue encarcelado tras ser imputado por el asesinato del ambientalista Alejandro Llinás Suárez, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero dos meses después un juez de Barranquilla ordenó liberarlo.
Las dos decisiones, confrontadas por la Fiscalía y la Procuraduría con base en la legislación penal, fueron tomadas por José Sastoque Fernández De Castro, Juez penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, por las que hoy enfrenta líos judiciales.
Por el primer caso, el pasado 20 de junio, la Fiscalía 103 Delegada Anticorrupción de Bogotá, a cargo de Pedro Bonilla Arcos, le imputó el delito de “prevaricato por acción agravada a título de dolo”, en audiencia virtual que en la capital del Atlántico presidió la Jueza 13 de Control de Garantías, María Patricia Hernández, y en su contra también pidió medida aseguramiento en un establecimiento carcelario.
Sastoque no aceptó la imputación. “Tengo la absoluta certeza de mi inocencia frente a este atropello e injusticia que se está cometiendo en mi contra”, dijo, y calificó de “infundados” los cargos formulados.
EN LA MIRA POR SUS DECISIONES
En materia de inseguridad, los últimos 8 años han sido de graves dificultades para Barranquilla y su Área Metropolitana. El accionar de las organizaciones criminales ha causado cientos de homicidios por la guerra que se libra por las multimillonarias ganancias del microtráfico, negocio que mueve al año más de $130.000 millones en esta capital, y por el cobro de las extorsiones, que también ha dejado decenas de víctimas asesinadas.
Por eso, en la lucha contra estos grupos delictivos, para las autoridades distritales, judiciales, penales y disciplinarias resultaban abiertamente contradictorias actuaciones como las del juez José Sastoque, por lo cual lo pusieron en la mira, conoció 30dias.co.
A todos les llamó la atención un común denominador: a pesar de las pruebas que le presentaban, él no dictaba las medidas de aseguramiento intramural solicitadas por la Fiscalía, respaldadas por la Procuraduría en la mayoría de los casos, pero cuando los jueces superiores revisaban sus decisiones, estas eran revocadas y los imputados terminaban presos o con orden de captura para encarcelarlos.
“Cada decisión inesperada de esas, causaba un daño, un desánimo en los investigadores y fiscales, expuestos a mucha presión y riesgos; afectaba la credibilidad en la Policía, la Fiscalía y la reputación del Sistema Judicial”, reafirmó una fuente de la administración distrital.
LAS PRUEBAS DE LA MASACRE
Tras el impacto de la matanza, ese desánimo se “sintió fuerte” en el caso de Las Flores. Con base en pruebas recopiladas por la Fiscalía, a través de investigadores judiciales, dos meses después de la masacre cometida por ‘Los Costeños’, grupo criminal al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, o ‘Castor’, el señalado sicario Yeremi Colmenarez fue capturado y llevado a imputación.
El proceso cayó en manos del juez Sastoque.
Al capturado le imputaron homicidio agravado, por el asesinato de Johan Polo Chiquillo, Jorge Pardo Hernández, Dani De La Hoz Correa, Edwin Cardoza Tapia, Chelo Acevedo Villa y Henry Flórez Pallares, muertos en la masacre; le atribuyeron tentativa de homicidio agravado, porque en la acción sicarial resultaron heridos Josimar Tapia Acuña, César Garizabal Simanca y Carlos Ávila Niebles, y lo inculparon de fabricación y porte ilegal de armas de fuego agravado, porque le hallaron una de las pistolas con las que fue cometido el múltiple asesinato, de acuerdo con el dictamen forenses de las vainillas recogidas en el estanco.
Igualmente, varios testigos lo identificaron como uno de los asesinos. Exmiembros de ‘Los Costeños’ informaron que lo vieron llegar, en compañía de ‘Julito’ y ‘Mono Abraham’, para abrir fuego contra quienes estaban reunidos en el sitio del ataque.
Uno de esos testigos fue Kevin Douglas Ospino, apodado ‘Kevin Perra’, quien hizo parte de esa bacrim. A las pocas horas de la masacre les contó a los investigadores lo sucedido. Un mes después de revelar quiénes fueron los asesinos, lo mataron a balazos en el barrio Granadillo, norte de Barranquilla.
CONTRADICCIÓN Y FALACIA
En la audiencia de imputación contra Colmenarez, Sastoque reconoció el valor de las pruebas aportadas por la Fiscalía, tanto que le dictó medida de aseguramiento, pero, inexplicablemente, no lo envió a la cárcel, sino para su casa, como si no representara un peligro para la sociedad y los testigos.
Sustentó su decisión en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; a juicio de la Fiscalía y la Procuraduría, el juez no tuvo en cuenta que la normatividad penal colombiana establece claramente cuando debe encarcelarse a un sujeto que encarna un grave riesgo social por su accionar delictivo.
En esa audiencia de imputación, Sastoque Fernández De Castro también echó mano a un argumento que terminó siendo calificado, por un juez superior, como una “falacia”, es decir una acción engañosa, mentirosa. Arguyó que no encarcelaba al sicario de ‘Los Costeños’ porque en la exposición de la medida de aseguramiento intramural, la Fiscalía no utilizó la palabra urgente para pedirla.
Al resolver la apelación, la Jueza 11 Penal de Circuito, Marta Márquez Romo, tumbó la detención domiciliaria en favor de Colmenarez y lo encarceló.
Al referirse en concreto a la no mención de la palabra urgente esgrimida por Sastoque, la jueza dijo que de parte de este hubo “errores argumentativos”, porque si él decretó la medida de aseguramiento (así haya sido domiciliaria), fue porque la Fiscalía, con las pruebas expuestas, “sustentó la urgencia de su imposición”, por lo que resultaba contradictorio que el juez dijera que el ente acusador no había cumplido con la carga argumentativa para mandarlo a la cárcel.
“(…) esta situación debe interpretarse, inequívocamente, como una contradicción, ya que la decisión de decretar la medida de aseguramiento va en contra de la premisa de incumplimiento de la Fiscalía de sustentar dicha urgencia, (…) lo cual genera una inconsistencia en el razonamiento o una forma de falacia de contradicción en el argumento o motivación del juez de primer grado”, dijo Márquez Romo en la revocatoria.
“PELIGRO PARA LA SOCIEDAD”
Durante la imputación que ahora formula la Fiscalía se conoció que para el juez Sastoque las andanzas criminales de Yeremi Colmenarez no eran desconocidas, pues con anterioridad él le había concedido la detención domiciliaria. Es decir: al momento de la masacre de Las Flores, el sicario debía estar cumpliendo la orden de casa por cárcel y no haciendo parte del peligroso grupo que cometió la matanza.
Al considerar que tomó una decisión contraria a lo que dice la ley penal, el Fiscal 103 expuso que lo sucedido con la nueva medida de aseguramiento domiciliaria en favor de Colmenarez fue un prevaricato por acción en calidad de autor y a título de dolo, «es decir con conocimiento y voluntad»:
Una decisión contraria a la ley
Asimismo, el fiscal Pedro Bonilla afirmó que Sastoque Fernández De Castro “actuó de manera caprichosa” y “lesionó el bien jurídico de la administración pública” por los cuestionamientos que se generaron contra el Sistema Penal por su actuación en un caso tan sensible por el impacto social que causó, especialmente en Barranquilla.
“Su comportamiento no tiene justificación”
Como no aceptó los cargos, la Fiscalía solicitó a la jueza María Patricia Hernández que dicte contra Sastoque medida de aseguramiento carcelaria por “representar un peligro para la comunidad”, porque puede seguir beneficiando no solo a ‘Los Costeños’, sino a otros imputados, y citó el caso de Roberto Nieto Aleán, investigado por los delitos de lavado de activo agravado y contrabando agravado, a quien favoreció, pese a las pruebas, con medida no privativa de la libertad.
Como juez puede seguir beneficiando a ‘Los Costeños’
Al exponer por qué debe dictarse la medida de aseguramiento, el Fiscal 103 dijo, igualmente, que es necesario apartarlo del cargo de juez porque en sus decisiones es “ambivalente y genera inseguridad jurídica”.
Al respecto, citó fallos que Sastoque tomó en el caso de Digno Palomino, otro jefe bacrim, a quien le concedió detención domiciliaria, la cual en segunda instancia fue revocada; recordó el proceso contra Omar Ladino, alias ‘El señor del Porfolio’, imputado por el despojo de tierras en favor de ‘Los Costeños’, según la Fiscalía, a quien le impuso medida no privativa de la libertad.
Esta decisión en particular, en su momento, fue cuestionada por el ex alcalde Jaime Pumarejo Heins. “Tenemos gran respeto por los jueces y su autonomía, pero algo anda mal», dijo en su red social X, y confió en que la medida fuera revisada. Como en efecto sucedió y Ladino fue enviado a la cárcel.
“Es urgente dictarle medida de aseguramiento”
La solicitud de medida de aseguramiento contra José Sastoque debe decidirla la jueza Hernández este viernes, 5 de julio.
‘PINOCHO’: PREVARICATO Y DOLO
En el caso de Freddy Castillo Carrillo, o ‘Pinocho’, sucedió lo mismo: Sastoque ordenó liberarlo, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría le advirtieron, una y otra vez, durante una audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento intramural, que él no era el juez competente para hacerlo, porque el homicidio del ambientalista Alejandro Llinás sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta y la apelación debía resolverla un juez de esa jurisdicción.
Pese a que le pidieron que no tomara la decisión y que dejara en manos de la Corte Suprema la decisión sobre qué juez, si él en Barranquilla o uno de Santa Marta, debía atender la revocatoria de la medida carcelaria, Sastoque lo dejó libre.
En la apelación, la jueza Shiela Ortega Téllez, concluyó que el cuestionado juez “a las claras (…) vulneró el debido proceso” y de manera ilegal, en medio de una maraña de jugadas judiciales de la defensa de Castillo, tomó la decisión de liberarlo inmediatamente.
Luego de la revocatoria que ordenó Ortega, quien mandó a recapturar de manera inmediata a Freddy Castillo, Sastoque presionó de manera indebida al portal Zona Cero.com, exigiendo que desmontara el artículo Así revocaron la decisión del juez Sastoque de liberar a alias ‘Pinocho’. Su afán de que desapareciera de internet este análisis, escrito por este periodista con base en la audiencia de la jueza Ortega Téllez, obedecía a que lo informado dio pie para que abrieran investigación disciplinaria en su contra.
Esa investigación concluyó y el pasado 15 de febrero la Comisión seccional de Disciplina Judicial, en una severa sentencia de la magistrada María José Casado Brajín, profirió contra José Sastoque dos cargos por “falta gravísima a título de dolo”, en concreto por “prevaricato por omisión y prevaricato por acción” al considerar que la liberación de ‘Pinocho’ fue contraria a la ley.
Casado cuestionó que “de manera caprichosa e infundada” el disciplinado no remitió el caso a la Corte, como era su deber. Para la jueza, la no remisión del expediente, antes de liberar al cabecilla de ‘Los Pachenca’, fue una conducta omisiva y sospechosa.
“Aparentemente, el funcionario (Sastoque) estaba encaminado a la liberación del procesado (‘Pinocho’) a como diera lugar. Proceder que fue declarado nulo, generando un vergonzoso cuestionamiento mediático hacia la administración de justicia y el movimiento de todo el aparato judicial, pues se tuvo que ordenar nuevamente la captura”, se lee en el pliego de cargos.
Ante la “consternación generalizada” que causó la actuación del juez investigado, la magistrada recalcó que esta no podía “catalogarse de leve, irrisoria o bagatelar”.
Como el proceso tuvo que ser remitido a la Corte Suprema por la insistencia de la Fiscalía y la Procuraduría, la Sala de Casación del máximo tribunal de justicia respondió que, en efecto, la revocatoria del encarcelamiento debía resolverla un juez de Santa Marta por la jurisdicción donde sucedió el homicidio del ambientalista.
Pero ‘Pinocho’ ya estaba libre y no aparece. Es decir, “(…) el daño a la administración de justicia estaba consumado, habida cuenta que se liberó a un posible reincidente delictivo”, como lo expuso la magistrada María José Casado en un aparte de su sentencia.
Créditos fotográficos: Red Social X – Policía Metropolitana de Barranquilla – Portal Opinión Caribe de Santa Marta
