En el sector La Esmeralda se perdieron los cultivos.
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“A la Agencia de Desarrollo Rural sólo le interesan los contratos y el despilfarro”

“A la Agencia de Desarrollo Rural sólo le interesan los contratos y el despilfarro”

Usuarios del Distrito de Riego de Santa Lucía – Suan denuncian falta de mantenimiento, abandono de maquinarias e incumplimientos de obras millonarios.

Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Machete al cinto, gorra desteñida para protegerse del sol y botas de caucho para meterse al agua. Aunque ha dejado de llover, por causa de una inesperada inundación, así viste hoy el viejo campesino Jesús Mercado, quien, sofocado y angustiado, no deja de hacer preguntas.

“¿Si el que la hace la paga, como dice el gobierno, quién nos va a responder por esta negligencia que llevó a la pérdida de nuestros cultivos?”

“Nadie ha venido a ofrecernos ayuda”

Lo que sucedió hace dos semanas con la pérdida total de los sembrados de maíz, melón, papaya, yuca, ahuyama, calabaza y plátano, de él y otras 29 familias campesinas en La Esmeralda, ha generado una andanada de críticas en el Distrito de Riego de Santa Lucía Suan, sur del Atlántico, contra la Agencia de Desarrollo Rural por el abandono de esta infraestructura que debe atender 1.694 hectáreas.

En un recorrido para escuchar a los cultivadores, 30dias.co encontró kilómetros de canales llenos de maleza y sedimentos, que obstaculizan el paso del agua del río Magdalena que entra por la Estación de San Pedrito.

Por eso, contra la Agencia de Desarrollo Rural también hacen graves denuncias sobre contratos multimillonarios firmados e incumplidos. Gustavo De la Rosa, vocero de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego, quien habla de “históricos y millonarios despilfarros”.

“¿Dónde está la plata que han invertido?”

El último de esos contratos es el 544 de 2017, firmado entre la Agencia de Desarrollo Rural e Ingecon, la misma empresa que hoy hace parte del consorcio que tiene bajo su responsabilidad el dragado del Puerto de Barranquilla, cuestionado por Asoportuaria por su ineficiencia.

De acuerdo con documentos de la Licitación Pública LP 03 de 2017, el contrato debía ejecutarse en dos meses, es decir las obras de mantenimiento y limpieza de los canales y la reparación de motores y bombas, tanto del Distrito de Riego de Santa Lucía (3.730 hectáreas) como del Distrito de Drenaje de Manatí (12.000 hectáreas que cubren también los municipios de Candelaria y Campo de la Cruz), debían entregarlas el 31 de diciembre de ese año.

El costo inicial era de $2.727 millones. Pero, como sucede en todo contrato de entidades públicas, aparecieron las famosas “mayores cantidades de obra” por lo que para Manatí adicionaron 617 millones y para Santa Lucía 732 millones, para un total de $4.131 millones.

De acuerdo con el acta de liquidación, firmada el 20 de diciembre de 2019 en la que el interventor Proinobras dice que el contratista cumplió con sus obligaciones, a Ingecon le autorizaron dos prórrogas, la última hasta el 31 de mayo de 2018.

Contrario a lo que certifica el interventor, los usuarios del Distrito de Santa Lucía afirman que hubo incumplimientos y denuncian que parte de los equipos reparados ya están dañados, afirma Víctor Santana, integrante del comité técnico:

Reciben las obras, pero siguen los equipos dañados

Dentro de los incumplimientos, contrato en mano, Santana denuncian que los canales N9 y N10, que deben llevar el agua a la Estación 6 de La Esmeralda, a orillas de la vía a Santa Lucía, no lo limpiaron pese a estar incluido en el Contrato 544, lo que está perjudicando el riego diario de unas 470 hectáreas.

No limpiaron los canales y no llega el agua

No entienden los cultivadores por qué si hay una póliza de cumplimiento la Agencia de Desarrollo Rural no la hace efectiva para proteger la inversión. Afirman De la Rosa que, por el contrario, pretende tapar el incumplimiento de Ingecon.

No hacen cumplir las pólizas de garantía

En medio de estos favorecimientos y trampas administrativas, no les parece correcto que los hayan invitado a una reunión para darles a conocer lo que habían contratado, pero la lista de asistencia -afirma Santana- fue usada por en la Agencia de Desarrollo Rural para anexarla al contrato y decir que los usuarios del distrito de riego recibieron a satisfacción de las obras.

“No hemos recibido nada y nos metieron en un acta”

Las denuncias también apuntan a que la Agencia de Desarrollo Rural prefiere dejar dañar importantes equipos que podrían utilizarse a diario para limpiar los canales. Así lo dio a conocer Solís Tano Montes, presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego, quien fue el primer damnificado de la catástrofe invernal en el sur del Atlántico en 2010.

Es el caso de una paladraga de brazo largo, de 16 metros, que hace 4 años la destruye el óxido en San Pedrito. Repararla costaba $20 millones, pero les negaron dicha solicitud, asegura:

La Agencia de Desarrollo Rural dejan dañar equipos

En el Distrito de Riego de Repelón hay otras dos paladragas abandonadas, pero la Agencia de Desarrollo Rural hizo un contrato por más de 400 millones para limpiar el Distrito de Drenaje de Manatí, en el que utilizan maquinaria de este tipo, denuncia Santana.

Prefieren contratos antes que reparar la maquinaria

Insten los cultivadores en una reunión urgente con la gobernadora Elsa Noguera para revisar el plan de obras e inversión en manos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, entidad sobre la que expresan desconfianza; también le reclaman a la Agencia de Desarrollo Rural que ponga orden en el distrito de riego para que evitar el despilfarro de agua, como el que, denuncian, comete el concejal de Suan Francisco Molinares en su parcela, donde abre los hidrantes sin ningún tipo de control, y para que hacendados dedicados a la ganadería paguen el agua que usan para regar sus extensos pastizales.

El abandono del Distrito de Riego de Santa Lucía y la falta de administración muestran hoy en día que el lema ‘Cosechando Progreso’ de la cuestionada Agencia de Desarrollo Rural apunta más una frase publicitaria que a una verdadera política para fomentar el desarrollo agropecuario en el sur del Atlántico.

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