Los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas llegaron a pontificar en la audiencia que ordenó el Tribunal del Atlántico, pero fueron confrontados por la crisis social y económica que generaron en la región.
Por José Granados Fernández
X @JoseGranadosF
“(…) las de la Creg son resoluciones arbitrarias con las que se ha dado el hurto calificado y agravado más grave en la historia de Colombia contra los usuarios del Caribe”.
“(…) hay que dejar de lado el oprobioso régimen tarifario especial contra los costeños”.
“(…) crearon una tormenta perfecta con unas tarifas técnicas que no le dan ninguna sostenibilidad al sistema eléctrico”.
“(…) por los costos de la energía, en Barranquilla hay empresas a las que les sale más barato traer sus piezas de China y han empezado a despedir empleados”.
“(…) en el Centro Histórico de Santa Marta cerraron 6 hoteles y 19 almacenes por las altas tarifas de energía.
Con tono por momentos vehemente, basado en cifras, estadísticas y hechos reales, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, fue informada en público de la grave afectación social, económica, productiva y competitiva que, mes tras mes, viven 2.7 millones de usuarios costeños por el altísimo costo de la energía eléctrica, producto del “inequitativo régimen tarifario” que esta entidad creó a través de las Resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021.
La explosiva situación social de la región llevó a la Creg a anunciar que enmendará el error cometido por el gobierno de Iván Duque, a través del régimen especial que creó. La reducción de las tarifas, que debe ser anunciada esta semana, no se dio por voluntad propia: fue el resultado de la orden que dio el Tribunal Administrativo del Atlántico para “revisar y analizar los impactos causados” por dichas fórmulas tarifarias, evaluación que debía hacerse en una audiencia pública para definir si era “adecuado o no su replanteamiento” y dejarlo escrito en un acta.
La sentencia judicial forma parte de la Acción Popular concedida a los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edward Orozco, en defensa de las familias costeñas que o comen o pagan el recibo de la luz; las mismas que hoy no tienen asegurada la prestación a un servicio público esencial, eficiente y oportuno, como debe ser el de la energía eléctrica, lo cual se convierte en la “violación de un derecho colectivo”.
Durante la reunión, celebrada en el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, en la que hubo hasta rechiflas para el senador Carlos Meisel, la Creg, a través de varios de sus expertos, quiso pontificar. Por cerca de hora y media presentaron una serie de exposiciones en las que, con gráficos, cuadros comparativos, etc., hasta llegaron a expresar que el aumento tarifario de hoy sería mayor si ellos no hubieran tomado medidas.
Pese a la gravedad de la situación social, a la convocatoria de la Creg, encabezada por el presidente de esta comisión, Antonio Jiménez, y el viceministro de Energía, Javier Campillo, sólo asistieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de El Copey, Cesar, Assad Raish Gámez. De los congresistas, además de Meisel, asistió Mauricio Gómez Amín, que guardó silencio en el auditorio. A los demás mandatarios y parlamentarios de la región no les interesó llegar a exigir prontas soluciones.
“CREARON UNA TORMENTA PERFECTA”
Pero luego vino la andanada de críticas, con tiempo limitado de cinco minutos para hablar, contra el régimen que surgió tras la venta de Electricaribe, empresa de la multinacional española Unión Fenosa, intervenida con fines de liquidación en la administración de Duque por su deficiente servicio regional.
En concepto de Carlos Cárdenas Guerra, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros seccional Atlántico, el ejercicio que estaba haciendo la Creg —solamente porque fue obligada por el fallo del magistrado Jorge Fandiño Gallo— era “tardío y lento” a pesar de que lo que está sucediendo en la Costa es un “caso sobrediagnosticado y sobreestudiado”; asimismo, calificó como una “situación aberrante” el componente de las pérdidas no técnicas que les están cobrando únicamente a los usuarios de la Costa que no se roban la luz.
Que la Comisión sesionara en Barranquilla no fue un hecho casual. No. Con la Acción Popular, los personeros Alzate y Orozco buscaban que la Creg le diera la cara a la comunidad y viniera a conocer “todas las falencias y todo el impacto social y económico negativo” que se están viviendo por las altas tarifas creadas por el mencionado régimen especial.
“Hay una ciudadanía enardecida, que bloquea constantemente las vías de nuestras ciudades; una ciudadanía que no tiene hoy en día la capacidad de pagar el recibo de energía que llega a sus hogares, que los está empobreciendo, y al sector económico cada día le resta competitividad”, expresó Alzate en su intervención.
Les dijo a los comisionados que el régimen tarifario que crearon “se ha constituido en una verdadera barrera para acceder a un servicio público esencial”, pues ante la falta de pago a los usuarios les suspenden el servicio, y porque crearon lo que definió como “una tormenta perfecta, que tiene a la empresa Air-e —presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira— con su cartera implosionada”.
“Se ha dicho —expuso Alzate— que la tarifa actual, por haber sido diseñada por expertos y técnicos de la Creg, es la que le da sostenibilidad al sistema, pero hoy tenemos una prueba fehaciente: esa tarifa técnica, que nos han expuesto a lo largo y ancho de sus presentaciones, no le da ninguna sostenibilidad al sistema. Por eso vemos cómo se han quebrado constantemente las empresas prestadoras de este servicio en nuestra región, esa es una de las razones clave por las cuales Air-e se quiebra, y necesita la intervención del Estado; su cartera morosa implosionada es del 69%”.
Manifestó el Personero de Barranquilla que está más que diagnosticado que a los usuarios les han causado “una lesión enorme”, por lo cual el régimen tarifario debe ser modificado. “La solución a la ciudadanía debe ser pronta, porque esta problemática no da espera a decisiones ni de mediano ni mucho menos de largo plazo”, subrayó.
LA CRISIS IRÁ CRECIENDO
En igual sentido, Edwar Orozco les manifestó que “a este problema no podemos darle más tiempo”.
En la audiencia uno de los intervinientes dijo que la Creg estaba haciendo un esfuerzo al sesionar en Barranquilla, ante lo cual el personero de Santa Marta recordó que, si bien valoraba que estuvieran ahí, “el verdadero esfuerzo es el que cada mes hacemos todos nosotros en la Costa para pagar las altas tarifas de energía. Cuando llega ese recibo a todos nos genera unas consecuencias económicas porque son impresionantes los costos que pagamos hoy frente a los de hace dos años”.
Recordó que a la exministra Irene Vélez —nombrada por el gobierno de Gustavo Petro como funcionaria diplomática en Londres— le plantearon la gravedad de la crisis, pero ella no logró ninguna solución.
Orozco remarcó que como el origen base de estas dificultades son las altas tarifas, no reducirlas causará “un desencadenamiento y el aumento de esta problemática será mucho mayor”. A manera de ejemplo, citó el caso de una comunidad pequeña como la del corregimiento de Minca: allí, de 144 usuarios solamente están al día 58 y 77 deben más de 25 facturas. “No es que no exista cultura de pago, es que no tienen cómo pagar, porque la gente sabe que si no paga le suspenden el servicio inmediatamente”.
Es tal la crisis desatada en los sectores económicos samarios que en el Centro Histórico de esa capital 6 hoteles y 19 almacenes cerraron sus puertas por los costos de la energía.
Es decir, el régimen tarifario eléctrico significa menos trabajo para la gente.
DEBE SER UN SERVICIO ESTATAL
“Con la intervención de Air-e, la prioridad es que el Gobierno Nacional debe garantizar la continuidad y la calidad del servicio eléctrico. Debe mantener el control y la administración de esta empresa con fines de liquidación, porque la región no toleraría el regreso de semejantes defraudadores del interés público o de prestadores privados de similares condiciones”.
Este fuerte pronunciamiento fue parte de la intervención de Norman Alarcón, Coordinador regional de la Liga de Usuarios. Para el aguerrido dirigente social, después de las nefastas experiencias con Electricaribe y ahora con Air-e, debe “descartarse la fracasada política de privatización” del sector eléctrico.
“El Estado —expresó— es el único con músculo financiero para acometer, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios, la gestión eficiente de los cuantiosos recursos que aquí se requieren. Incluso, se puede hacer un crédito puente del Bando de la República para las inversiones que se necesitan”.
Después de que “los dueños de Air-e pusieron píes el polvorosa”, Alarcón pidió “una auditoría forense, que vaya al fondo de todo lo que hicieron aquí los señores de esta empresa; su contabilidad debe conocerse: sus giros a Panamá donde están los verdaderos dueños y socios de Alberto Ríos Velilla”.
Abogó Norman Alarcón por una rebaja tarifaria inmediata para “dejar de lado el oprobioso régimen tarifario especial contra los costeños, con el que nos cobran los hurtos y fraudes e inversiones futuras anticipadas”.
Demandó “dejar de cobrar ipso facto” la llamada Opción Tarifaria, de la que Air-e, afirmó, ya cobró $715.600 millones de un total de $850.000 millones que el actual gobierno les aprobó con la Resolución Creg 101028 de noviembre pasado. “Ese cobro era pagadero a 10 años, pero Air-e lo hizo aceleradamente antes de salir corriendo”, denunció.
Sostuvo que las pérdidas no deben seguir cobrándoselas a quienes no se roban la energía, sino que debe haber una gestión administrativa y técnica de parte de los operadores. En el caso de Air-e su gestión fue nula porque tenía la plata asegurada en la costosa facturación que les llega a los usuario y no hizo nada para reducir las pérdidas.
“El Índice de Pérdidas de Referencia cuando llegó Air-e era de 28,48% y a julio de 2024 estaba en 27.5%, lo que muestra el fracaso total de este punto crucial, pues en cuatro años no bajó ni un punto porcentual. La ineficiencia de la empresa se la cobran a los usuarios”, cuestionó Alarcón.
GOLPE AL EMPLEO Y A LA PRODUCTIVIDAD
En nombre del sector productivo de Barranquilla, que integran 15 gremios que representan 3.700 empresas, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, les dijo a los comisionados que las costosas tarifas eléctricas “están impactando la competitividad de nuestras empresas, que son las generadoras de empleo y de impuestos destinados a la inversión social”.
Adicionalmente, esas tarifas impagables “hacen menos atractiva la llegada de nuevos inversionistas”, que también son generadores de empleo.
Les explicó que en junio un portal que analiza los precios de la energía a nivel internacional informó que en Barranquilla en ese mes el costo del kilovatio/hora era de 24 dólares, en Monterrey, México, era de 8 dólares, en Costa Rica de 12 dólares y en Ciudad de Panamá de 16 dólares. “Es decir, estamos doblando y triplicando el costo de energía en nuestra región”, llamó la atención.
“Esto impacta los puestos de trabajo. Hoy, por los altos costos de la energía, hay empresas a las que les sale más económico importar piezas de china que transformarlas en sus plantas locales. Conozco el caso de una empresa que tenía una planta de personal de 100 a 120 trabajadores y tuvo que reducirla a 80”.
Además del impacto en la pérdida de empleo, Cepeda recordó que este mayor costo en las tarifas “se transfiere a los usuarios y eso afecta a los consumidores” por el valor de los productos que deben comprar.
Les recordó que por razones climatológicas el consumo de energía de la Región Caribe está por encima del nacional. Aquí, una nevera consume 110 kilovatios hora mes, mientras que en el interior ese consumo es de 40.
“Hay que buscar una solución urgente, porque esto afecta la economía de los hogares y del sector productivo. El régimen transitorio especial no dio resultado, debe ser modificado, teniendo en cuenta la realidad y la capacidad de consumo y de pago de los usuarios y de las empresas”, señaló el presidente del Intergremial.
COBRO ABUSIVO E INCONSTITUCIONAL
Uno de los pronunciamientos más duros contra la Creg lo formuló el abogado Juan Antonio Barrero, director del Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, dependencia que atiende a cientos de usuarios que llegan en busca de ayuda en contra de los “abusos en la facturación” del servicio de luz.
Tras definir como “arbitrarias” las Resoluciones 010 y 078, advirtió que con estas “se ha dado el hurto calificado y agravado más grave en la historia de Colombia contra los usuarios del Caribe”.
Barrero manifestó que la fórmula tarifaria de la Creg “no sólo es ininteligible y nadie la comprende en Colombia”, sino que para lo único que sirven es para “trasladar el costo de las pérdidas a los usuarios: ese es su real efecto, y es inconstitucional. La Constitución no permite ese tipo de cosas, pero la Creg lo permite y lo hace”.
Desde la academia, manifestó que si la Creg no toma decisiones para reducir las tarifas, acudirán a acciones de tutela,que “parece es lo que funciona en el país”.
“Por bastante menos, la Corte Constitucional ha decretado el Estado de Cosas Inconstitucionales. Si es necesario interponer caudales de acciones de tutela para que se resuelva esta situación con dignidad humana, con debido proceso, con derecho a la igualdad, lo haremos”, señaló.
Barrero detalló que en la Acción de Tutela de los personeros, el Consultorio Jurídico de UniNorte presentó un estudio de Fundesarrollo que demuestra cómo la pobreza multidimensional del Caribe colombiano, evaluada en términos del Índice Gini —utilizado en economía para medir la desigualdad de ingresos dentro de una sociedad—, es causada, en parte, por los altos costos del servicio de luz.
“Parte del empobrecimiento de la gente se deriva de este servicio”, sostuvo.
“No pueden ser ustedes ciegos, sordos, ante esta situación. Tienen que proponer soluciones estructurales, y las tienen que adoptar inmediatamente, porque el Caribe no aguanta un día más que vengan aquí unos expertos a hablarnos una hora y 20 minutos de la ensoñación de unos proyectos eléctricos.
“De manera que lo que le pedimos hoy es algo concreto: que sean puntuales, que anuncien algo serio, que le hablan al país claro, que no se burlen del país, que no se burlen del caribe colombiano, y la academia va a respaldar esto con las acciones que sean necesarias”, argumentó con vehemencia ante el aplauso de los asistentes.
ESTE JUEVES VENCE EL PLAZO
Luego de la exposición de más de 30 personas, William Mercado, comisionado de la Creg, dijo que volverán a Barranquilla a poner la cara y a anunciar la nueva fórmula que han adoptada para reducir las tarifas de la luz, en cumplimiento de los 10 días que de manera perentoria dio el Tribunal Administrativo después de la audiencia.
“Vamos a regresar a la Región Caribe a poner la cara para indicarles a ustedes cuáles son las soluciones que hemos tomado en cumplimiento de ese fallo judicial, y del deber legal que nos corresponde por mandato de la Constitución política, para poder regular tarifas justas, tarifas eficientes”, expresó Mercado.
Según anunció, vendrán a explicar las modificaciones en las fórmulas tarifarias que “van a redundar en una disminución muy significativa, para que paguen tarifas eléctricas justas y equivalentes a las que se están pagando en el resto del país”.
El plazo de los 10 días hábiles se vence el 30 de septiembre, pero esta semana la Creg debe publicar las nuevas medidas para los respectivos comentarios de los actores de la Acción Popular y del sector eléctrico.
