Personero de Barranquilla presentó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico una Acción Popular que busca la demolición de la estructura abandonada por la Nación.
El Ministerio del Transporte e Invías deben cerrar totalmente de “manera inmediata” el viejo puente Pumarejo: su avanzado deterioro representa un “riesgo para la comunidad” que lo utiliza para comunicarse, en motos, bicitaxis, carros de mula o a pie, entre Barranquilla y el corregimiento de Palermo, Magdalena.
La medida cautelar de “carácter urgente” fue impartida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que les dio a las dos entidades nacionales un plazo de 45 días para que, una vez sean notificadas, instalen las barreras, barricadas, muros u otro tipo de cerramiento que impidan el tránsito por la abandonada estructura.
La decisión la tomó la magistrada Carmen Lorduy González al admitir una Acción Popular que el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate Salcedo, presentó con el propósito de que el viejo Pumarejo sea demolida definitivamente, como lo planeó y anunció el Gobierno Nacional en diciembre de 2019 al dar al servicio el nuevo puente del mismo nombre.
En un comunicado de prensa enviado a 30dias.co, la Personería de Barranquilla señaló que, de acuerdo con Alzate, dicho abandono es, ni más ni menos, que la “vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible (…), la defensa del patrimonio público, la libre competencia económica, y los derechos de los consumidores y usuarios”, tal como lo consagra la Ley 472 de 1998 que reglamentó las Acciones Populares y de Grupo.
Además del riesgo por su deterioro, el Pumarejo viejo, con un gálibo o altura de apenas 16 metros, hoy es una mole que perturba e impide el desarrollo portuario río arriba en las riberas del Atlántico y el Magdalena, porque no permite el paso de embarcaciones hacia poblaciones como Malambo, Palmar de Varela, Sitionuevo y Salamina.
Paradójicamente, su no demolición, por parte de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, va en contra de ese desarrollo portuario en Atlántico y Magdalena, que fue anunciado para, entre otras razones, justificar la construcción del nuevo puente Pumarejo de 45 metros de altura, que costó más de $800.000 millones.
Lo que hallaron en una inspección técnica
30días.co conoció que, el pasado 25 de agosto, el personero Alzate y un grupo interdisciplinario de profesionales inspeccionaron el puente y concluyeron que por el abandono del Gobierno Nacional existe “un avanzado deterioro de la estructura, la presencia de ranuras y huecos en la superficie, el hurto de elementos metálicos”, por lo que el funcionario decidió presentar con carácter urgente la Acción Popular.
También hallaron que no existen mallas de protección contra eventuales caídas de pedazos pesados al río Magdalena.
“En suma —dice la Acción Popular—, se trata de una infraestructura deficiente y en evidente estado de riesgo, que amenaza directamente la seguridad de quienes transitan por el lugar a pie, en motocicleta, bicicleta, bicitaxis o vehículos de tracción animal, lo que configura un escenario que amerita la adopción de medidas cautelares inmediatas para proteger los derechos e intereses colectivos comprometidos”.
El personero de Barranquilla señala en la demanda que “los daños estructurales evidenciados en el antiguo puente Pumarejo (o Laureano Gómez), el cual no ha recibido labores de mantenimiento, representan un riesgo inminente de desprendimiento de fragmentos que podrían caer sobre las personas que transitan por la infraestructura o bajo la misma. Esta situación se torna más grave por la presencia constante de embarcaciones de pesca que circulan en la zona, así como por la existencia de viviendas aledañas que podrían resultar seriamente afectadas ante un eventual colapso parcial o total”.
El riesgo sí es evidente
La magistrada Lorduy González, con base en las evidencias fotográficas anexadas a la demanda, concluyó que “resulta evidente el riesgo que representa para la comunidad aledaña al antiguo puente Pumarejo (Laureano Gómez), el uso de la estructura, la que claramente no presenta las condiciones para su tránsito”.
Al definir que se cumplen los presupuestos para la medida cautelar urgente pedida por el personero Miguel Ángel Alzate, la magistrada ordenó:
“(…) al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías, Invías, que de manera inmediata procedan, y atendiendo sus precisas competencias por corresponder a una infraestructura vial a cargo de la Nación, a realizar las obras y/o actividades bien necesarias para la instalación en ambos extremos del antiguo puente Pumarejo (Laureano Gómez), bien sea de barreras, barricadas, muros u otro tipo de cerramiento que impidan su tránsito ya sea peatonal o por cualquier otro medio de transporte; asimismo, deberán instalar la señalización correspondiente que indique el riesgo que representa el uso de la estructura, destacando que, ante la amenaza que representa su uso tales obras de cerramiento deberán estar culminadas en un plazo que no supere el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación de esta providencia”.
Otras decisiones en estudio
Además de conceder la medida cautelar de cierre total del viejo Pumarejo, la magistrada Carmen Lorduy reservó para su estudio otras solicitudes, entre ellas la instalación de una mesa técnica, la elaboración de un estudio y las apropiaciones presupuestales para una eventual demolición.
También analizará la solicitud de que, por los desprendimientos de la estructura, se establezca una franja de seguridad en el área de navegación debajo del puente, restringiendo el paso de embarcaciones menores (pesca artesanal, lanchas, etc.) en la zona crítica, mientras se define la intervención estructural.
La Acción Popular impetrada por el Personero de Barranquilla, además de además de involucrar a la Nación, al Ministerio de Transporte y al Invías, va dirigida contra la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani; la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla; la Dirección General Marítima, Dimar; la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena; la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD; los departamentos del Magdalena y Atlántico; la Contraloría Departamental del Atlántico; el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla; Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y la Universidad Nacional.
Esta es la decisión de la magistrada Carmen Lorduy González:
