El prófugo excongresista barranquillero fue sentenciado por el delito de concierto para delinquir agravado.
Por José Granados Fernández
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Por aliarse con los paramilitares para ser reelegido Representante a la Cámara en el período 2006 – 2010, financiar a esa organización delictiva y servir de ficha clave de estos para tramitar en el Congreso la Ley de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia condenó al fugitivo excongresista barranquillero Alonso Acosta Osío.
El exparlamentario, elegido en ese cuatrienio con el aval del Partido Cambio Radical, debe pagar 15 años y 7 meses de cárcel y una multa de 15.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente hoy en día a $20.150 millones, de acuerdo con la condena proferida por la magistrada Blanca Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia; la sentencia fue respaldada por sus colegas Jorge Caldas Vera y Ariel Torres Rojas.
“Concierto para delinquir agravado” es el delito por el que el máximo tribunal de justicia castiga al prófugo Acosta Osío, quien vive en Honduras y se nacionalizó en ese país para evitar ser extraditado a Colombia.
Al condenarlo e imponerle la mulmillonaria multa, la magistrada Barreto Ardila reprocha que el excongresista “actuó con dolo”, el cual valora como de “alta intensidad”, porque conocía la clase de organización delictiva que formaban los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, además de que él era un funcionario público, abogado de profesión, profesor de derecho constitucional y miembro de una prestante familia con poder económico y político en esta zona del país.
Testimonios en su contra
En el fallo condenatorio de 70 páginas, conocido por 30días.co, la Corte, entre otras pruebas, tuvo en cuenta los testimonios de comandantes y jefes paramilitares y otros integrantes del Bloque Norte y del frente José Pablo Díaz de ese grupo criminal, entre ellos Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’; Mario Marengo Egea, de seudónimo ‘El rey’; José Gelvez Albarracín, o ‘El canoso’; Jonis Acosta Garizábalo, apodado ‘28’; y Julio César Maure, alias ‘Donaldo, médico chiquito’ o ‘Doctor Donaldo’.
Relataron a la Corte el tipo de reuniones que Alonso Acosta sostuvo con ellos, la ayuda política que le dieron, el apoyo financiero que el excongresista les concedió y el respaldo que de parte de este recibieron en el Congreso para que fuera aprobada la Ley de Justicia y Paz.
Matadero, fortín y caja menor
Para las elecciones de 2006, el fugitivo buscó apoyo de los paramilitares a través de Julio César Polanía, político y empresario vinculado a Bloque Norte (lo asesinaron a balazos el 22 de noviembre de 2020 en un restaurante del barrio Las Flores).
Alonso Acosta se había “distanciado” de su tío y padrino político, el senador Gabriel Acosta Bendeck, situación que “lo llevó a buscar alianzas ilegales con miras a sacar avante su candidatura”, se lee en la sentencia.
Tras relatar los vínculos que los unieron, ‘Don Antonio’ le contó a la Corte que Acosta Osío era considerado un “amigo del Frente (José Pablo Díaz)”, brazo militar y político de los paramilitares comandado por Carlos Mario García Ávila, alias ‘Gonzalo’ o ‘El Médico’.
“El compromiso con él (Alonso Acosta) era la votación en los municipios en los cuales nosotros teníamos influencia como Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar y el Materno Infantil (hospital de Soledad) que era un fortín político; no sé cuántos empleados tenía, pero la mayoría de empleados tenían que votar por los que nosotros dijéramos, más sus familiares (…)”, testificó Fierro.
También reveló que Acosta los apoyó financieramente con dinero que saqueaban del Matadero de Sabanagrande, a través de Polanía. En las cuentas que le hallaron a ‘Don Antonio’ cuando lo capturaron, en una libreta y un portátil figuraba que los paramilitares recibían $46.328.000 mensuales.
¿Cómo se apoderaron del Matadero?
Cambio Radical había avalado al alcalde de Sabanagrande, Javier Rodríguez. Después de ser elegido, Alonso Acosta le exigió que le entregara el matadero a Julio César Polanía. Y así sucedió, de acuerdo con los testimonios de los paramilitares.
El alcalde Rodríguez le negó a la Corte que haya entregado el Matadero como fortín político a Acosta, para que lo convirtiera en otra de las cajas menor de los paramilitares en el Atlántico.
Sin embargo, su testimonio lo contradijo Jairo Vásquez Peña, exgerente del Matadero: “A nosotros nos citaba el señor Polanía, que yo tenía que llevar a las personas a unos ciertos lugares de aquí que era por ahí cerca a la Clínica del Club de Leones donde hubo gran consenso electoral. Se reunieron allí y lo único que yo hice fue llevar personal de votación (…) A nosotros nos decían, tiene que llevarme a la gente y a tal hora tiene que estar allá y la gente se cambiaba e íbamos allá a hacer presencia en el acto político (…) Ahí estaba el señor Acosta, el señor David Char, había otro señor Jaramillo al concejo (…) Esa reunión podría tener unas 800 personas. Fueron como dos veces. (…) Nos tocó votar porque nosotros teníamos ahí los listados. Hubo que dar el apoyo, por los señores que estaban en el momento”.
Un rural para no perder 2.000 votos
Sobre la ayuda al procesado, Mario Marengo le dijo a la Corte que “el viernes de carnaval del año 2005, hicimos la primera reunión con Alonso Acosta y Mario Varón en una finca por Manatí, ahí comenzó nuestro trabajo político en carrera a apoyar dos amigos. Ni Mario Varón ni Alonso Acosta tenían clara o tenían segura su permanencia, porque Mario Varón no tenía un candidato que le aportara y Alonso Acosta acababa de pelear con su tío Gabriel y tenía menos de la mitad de su votación, entonces le interesaba el respaldo de las AUC”.
En el Partido Conservador, Acosta era candidato a la Cámara con la fórmula al Senado de Mario Varón, pero se separaron. A su vez, en Cambio Radical David Char (condenado por parapolítica) iba al Senado en equipo con Jaime Cervantes (condenado), que aspiraba a Cámara, pero también se reventaron.
Al final, Acosta, tras el apoyo que le consiguió Polanía con los paramilitares, se fue para Cambio Radical como fórmula de David Char.
Para demostrar el decisivo apoyo político que le dieron a Acosta Osío para su reelección, alias ‘El rey’ reveló a los magistrados. “Me llamó un día el doctor Alonso, esa llamada me la hizo fue a mí, me dijo: “Mario tengo un problema, necesito que me ayudes”. Me dijo: “tengo una persona en Santo Tomás, que tú la conoces, el doctor Pedro Pastor Ariza, hermano del magistrado Rafael Ariza. Necesito un rural, una niña odontóloga. Ella se averiguó y parece que en el Materno va a haber unas vacantes”. Le dije: Alonso si está en mis manos con mucho gusto lo hago”, testificó Mario Marengo.
El nombramiento lo hicieron. “Eso si fue un apoyo que se materializa a través de un cargo público que genera votación”, se ufanó el paramilitar.
Tejieron un “acuerdo criminal”
Para la Corte no cabe duda de que el fugitivo exparlamentario se benefició del paramilitarismo para ser reelegido. “(…) está demostrado que en los municipios zonas de influencia de las AUC, como Santo Tomás Atlántico, el procesado obtuvo votaciones significativas”, tanto que llegó a obtener la segunda mejor votación para la Cámara del Atlántico.
Para la magistrada Barreto Ardila “se probó” que en cumplimiento de un “acuerdo criminal tejido entre las AUC y Alonso Acosta Osío, las primeras pusieron a disposición del aforado sus estructuras de poder a través de las cuales incidieron en la intención de voto de los electores de algunos municipios del departamento del Atlántico con miras a que Acosta Osío alcanzara la curul como Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2006 – 2010, mientras que éste financió la estructura con recursos del Matadero Municipal de Sabanagrande, y la promovió a través de la legitimación social y política, mediante sus actos de campaña con el respaldo de las AUC y su contribución a la aprobación del proyecto de Justicia y Paz”.
Al ser condenado por delitos relacionados con la promoción y financiación de grupos armados ilegales, Alonso Acosta Osío, de acuerdo con normas constitucionales, “no podrá ser inscrito como candidato a cargo de elección popular, ni elegido, ni designado como servidor público, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado”, dice la sentencia.
Esta decisión de primera instancia podrá ser apelada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Como Alonso Acosta Osío huyó del país, la magistrada Blanca Barreto dispuso que deberá librarse en su contra “la correspondiente orden de captura” y comunicarla a los organismos internacionales, como la Interpol, para asegurar que cumpla la pena de prisión que le fue impuesta.
