Reclaman que el sistema que entró a operar no debe convertirse en un acuerdo de papel. Con 85 tutelas, ante la improvisación reinante, la Personería de Barranquilla comenzó la defensa del derecho a la atención médica.
Por José Granados Fernández
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En medio de la sospecha de que hay “intereses creados” en la billonaria contratación de la salud del magisterio, la escogencia a dedo de parte del Fomag y la Fiduprevisora de la IPS Consalud, para prestar atención médica en Barranquilla, y de Farmart, para la entrega de medicamentos, mantiene en “estado de alerta y pie de lucha” al magisterio, porque, a su juicio, lo pactado en el nuevo modelo “está siendo vulnerado” y pone en riesgo la vida de ellos y sus beneficiarios.
Lo que califican como “irresponsable improvisación”, desde el 1º de mayo dio paso en todo el país a protestas masivas, mítines y denuncias. En Barranquilla, el incremento de los reclamos y las vulneraciones al servicio de salud de los maestros y sus familiares motivó la intervención urgente del personero, Miguel Ángel Alzate; la procuradora regional, Margarita De la Hoz, y de la Defensoría del Pueblo, que abrieron una mesa de atención permanente para resolver las quejas.
“No queremos que este nuevo modelo se convierta en un acuerdo de papel; no queremos que se desfigure, porque este proceso se gestó de las críticas de todo el magisterio al anterior modelo de saludo. Queremos, y reivindicamos, la libertad de escogencia de los prestadores de servicios en el primero nivel y que pasemos del pago por capitación, al pago por servicio, para que los recursos de la salud no los utilicen para construir infraestructuras que les quedarán a los operadores”, dice Alberto Ortiz, secretario de Educación Sindical de la Asociación de Educadores del Atlántico, Adea.
Igual crítica expresa el directivo José Luis Castillo Pérez, quien, tras manifestar que “al magisterio nunca le han regalado nada”, sostiene que “vemos con preocupación que el nuevo modelo de salud no se está cumpliendo”, pese a que fue construido por los maestros con base en las ingratas experiencias de las PQR, Peticiones, Quejas y Reclamos, de la mano de Fecode y del mismo Gobierno Nacional, en busca de que en el primer nivel “cambie y mejore la atención”; para que la contratación de los servicios médicos sea horizontal y garantice que los maestros puedan escoger quién los va a atender; que tengan a su disposición varias entidades y que el pago de esa atención sea por evento o servicios prestados.
Para Ortiz y Castillo no cumplir esos cambios “sería frustrante”, pues representaría seguir con el modelo que “tantas veces cuestionamos y rechazamos” de los anteriores operadores.
CONTRATACIÓN DIRECCIONADA
No entiende el magisterio cuáles fueron los criterios que el Fomag y Fiduprevisora tuvieron en cuenta para contratar a la IPS Consalud y a Farmart.
“A pesar de que se habla de una contratación horizontal, contratan a una entidad en atención primaria sin posibilidad de una libre elección. O sea que vulneran la Ley Estatutaria de Salu, que dice que debe existir la posibilidad de la libre elección de parte del usuario”, fustiga Castillo.
“Nos está atendiendo un operador sin capacidad”, afirma.
Cuestionan que Consalud, una IPS que “estaba prácticamente cerrada”, que “estaba muerta” desde que cerraron la EPS Coomeva, por sus deficientes y malos servicios a sus usuarios, haya sido escogida para atender a los 28.000 maestros y sus beneficiarios.
“¿Cómo Consalud se gana un contrato de esta naturaleza?”, se pregunta Ortiz, al tiempo que Castillo denuncia que la IPS solamente tenía una sede, por lo que sus propietarios tuvieron que salir, a las carreras, a acondicionar dos más para prestar la atención médica a tal volumen de pacientes.
A pesar de los reclamos y señalamientos, en Barranquilla y todo el Atlántico el anterior operador de salud del magisterio era la Organización Clínica General del Norte, que, a juicio de los conocedores de este sector, es la mejor dotada en tecnología y cuenta con todas las especialidades médicas.
Sobre la dispensación de los medicamentos, también hay críticas a la contratación de Farmart. “Es una empresa de Cali, nadie la conoce aquí, no tiene sedes locales y ha subcontratado los servicios, cosa que no puede hacer porque el nuevo modelo de salud del magisterio dice que no puede haber intermediación y subcontratación. Pese a ello, lo están haciendo”, indica Ortiz.
En diálogo con 30dias.co lamenta que en Colombia “siempre hay cosas que no se compadecen con la transparencia que deberían tener los procesos contractuales”. Y expresó que “uno siente, y es lo que la gente dice en las calles, que hay intereses creados, lamentablemente esos intereses creados son, de alguna manera, invisibilizados; no existen las denuncias pertinentes”.
FUSTRACIÓN Y DESESPERO
Desde el pasado jueves, cuando fue abierta la mesa de atención de quejas, Personería, Procuraduría y Defensoría han tramitado más de 100 queja, de las cuales 85 terminaron en tutelas.
La primera en ser atendida en la sede de Adea fue Marly Hurtado. Llegó a reclamar porque a su mamá, pensionada de 78 años que trabajó 42 de ellos como maestra, desde hace tres meses no le entregan los medicamentos “más importantes” contra el alzheimer que sufre; a su progenitora tampoco le quieren dar los paños que debe usar.
“En alguna oportunidad me dijeron que ella ganaba para comprarse los paños”, recordó enfadada.
Luego de analizar la información que entregaron los directivos del magisterio a los organismos de control, el personero Miguel Ángel Alzate afirma que “el panorama que vemos es de una fuerte desilusión, porque para los maestros, en el modelo que estructuraron en conjunto con el Gobierno Nacional, lastimosamente, lo que se plasmó en el papel, no fue lo que quedó en la práctica”.
De los cuestionamientos, el Ministerio Público concluyó, primero, que no hubo una socialización correcta que les permitiera a los docentes saber cómo iba a funcionar el modelo. “Había un desconocimiento absoluto y no sabían ni siquiera a dónde iban a acudir para que los atendieran a partir del 1º de mayo, cuando comenzó el nuevo modelo”.
Segundo, por ser un asunto complejo la prestación del servicio de salud, “no hubo un régimen de transición que permitiera, mientras se afinaba el nuevo modelo, tener una atención estable durante este proceso”.
Eso conllevó, en tercer lugar, a que la contratación, que se debía hacer para toda la red prestadora en el primer nivel y los niveles subsiguientes, “no estaba lista al 1º de mayo, teniendo en cuenta que hubo retrasos porque no estaban listos los acuerdos en el tarifario de servicios”.
LA CARRERA TRAE MALA ATENCIÓN
Además, cuando iniciaron el modelo, aún estaba pendiente la contratación de varios servicios que son vitales para la atención de los maestros. “Por eso se encontraron con barreras, obstáculos, con la denegación o la ralentización de los servicios y eso ha generado las críticas que conocemos”.
Las críticas de los docentes, resume Alzate, son:
-Un prestador del primer nivel sin las capacidades instaladas suficientes para atender a los maestros y sus beneficiarios.
-No tenían lista la contratación de los dispensarios de medicamentos, tema que apenas estaban terminando de afinar a casi 30 día de que comenzó el nuevo modelo.
-Un software que no tenía cargada la información de los maestros ni sus historias clínicas y cuando lograron cargarlo, a casi los 27 días de entrar a funcionar el nuevo modelo, colapsó en varias ocasiones.
Por esa razón a los docentes que eran atendidos no les expedían las incapacidades médicas de manera oportuna, generándoles inconvenientes laborales porque no podían ir a las instituciones educativas a tramitarlas. “Eso causa unos efectos colaterales, porque el sistema no ha podido prever las ausencias de los maestros y las aulas se han visto vacías”.
“Es decir, ha sido un círculo vicioso que ha venido afectando los diferentes niveles de servicios, siendo los principales perjudicados los maestros y los estudiantes”, agrega el Personero.
IMPROVISACION TOTAL
En Barranquilla, entre el 70 y el 75% de los maestros forman parte de la población adulta con enfermedades de base, es decir, para ellos la atención en salud debe ser oportuna. Ante esa realidad, Alzate dispuso activar todos los trámites necesarios para reclamar ante los jueces el derecho a la salud. “No podemos esperar que haya soluciones de largo plazo, que dependen del nivel centra, por eso estamos apelando a acciones legales”.
Sobre las críticas al nuevo prestador de servicios, le pidió a la Secretaría de Salud que haga una nueva auditoría a Consalud para verificar que sus instalaciones cumplan con los requisitos de ley. “Hay que cerciorarse de que sean suficientes para atender a los maestros y que los servicios que estén prestando ahí sean los debidamente autorizados, que no haya consultorios que estén abiertos sin estar debidamente autorizados”.
También pidió a la Secretaría de Educación que revise la no expedición de las incapacidades de parte de la IPS, con el fin de que los maestros no sigan sido afectados en la parte laboral.
