Entre otras anomalías, en la Asamblea la ponencia en favor del plan de inversión la presentaron un día antes de que la Gobernación radicara la iniciativa, dice el abogado José Humberto Torres.
Por José Granados Fernández
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Por presuntas irregularidades en el veloz trámite de 72 horas que tuvo en la Asamblea del Atlántico el Plan Integral de Seguridad, fue demandada la Ordenanza 616 de 2024 a través de la cual el gobernador, Eduardo Verano De la Rosa, comprometió entre 2025 a 2034 más de un billón de pesos a través del giro de vigencias futuras.
“La precipitud en el trámite de la Ordenanza trajo como consecuencia que varios funcionarios de la Gobernación y algunos diputados del Departamento hayan incurrido en conductas que deben ser investigadas penal, disciplinaria y fiscalmente”, afirma el abogado José Humberto Torres al argumentar el porqué de la demanda que presentó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Explicó a 30dias.co que, luego de revisar y analizar la documentación, llegó a la conclusión de que en la Administración Departamental y la Asamblea “incurrieron en graves irregularidades” en la aprobación de la Ordenanza que entrega los billonarios recursos al Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, de la que hacen parte Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo, “desconociendo las necesidades en materia de seguridad de 18 municipios restantes del departamento del Atlántico”.
En sus argumentos ante el Tribunal, el demandante habla de cuatro hallazgos, para él con “incidencias penales, disciplinarias y fiscales”, que resumió de la siguiente manera:
“1. El Comité de Hacienda Departamental incurrió en el delito de falsedad en documento público al expedir el acta de la sesión en que supuestamente ese Comité declaró viable financiera y fiscalmente comprometer vigencias futuras excepcionales.
“2. El Consejo de Gobierno Departamental prevaricó al declarar de importancia estratégica el proyecto para la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Área Metropolitana de Barranquilla, sin que el proyecto hubiese sido previamente inscrito en el Banco de Proyectos, viabilizado y aprobado por la Secretaría de Planeación, como lo ordena la ley.
“3. Excediéndose en el ejercicio de sus funciones, el diputado Walfrán Mendoza (Cambio Radical) incurrió en el delito de abuso de poder al haber presentado a la Asamblea para primer debate un informe de ponencia de 56 páginas con fecha 15 de mayo de 2024. Los documentos publicados en la página web de la Asamblea del Atlántico prueban que a esa fecha la Gobernación aún no había radicado el proyecto de Ordenanza.
“4. Violando el principio de seguridad jurídica y el derecho a la participación ciudadana, la Asamblea, en un procedimiento fast track de apenas dos días, dio aprobación al proyecto de Ordenanza el día viernes 17 de mayo, siendo sancionada el mismo día por el gobernador Eduardo Verano, quien dos días después suscribió el Convenio Interadministrativo que permitirá que ese billón cien mil millones, provenientes de la Tasa de Seguridad del Departamento, sea manejado a su arbitrio por el alcalde Alejandro Char”.
Torres recalcó en que, de acuerdo con los documentos y las radicaciones existentes, la Gobernación presentó el 16 de mayo el proyecto de Ordenanza ante el presidente de la Asamblea, David Ashton (Partido Liberal), pero para sorpresa se tiene que el diputado Mendoza, el 15, un día antes, se anticipó a la radicación y le presentó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Sergio Barraza (Cambio Radical), ponencia favorable para el proyecto en mención.
“Actuaron con inusitada y sospechosa eficiencia”, dice Torres.
“PAGO DE FAVORES POLÍTICOS”
El demandante sostiene que la iniciativa de la Gobernación y la aprobación de Asamblea forma parte de “un proceso amañado y orquestado” para dar cumplimiento a los compromisos electorales contraídos por el gobernador con Cambio Radical. Sostiene que, para ello, “los funcionarios se pusieron de acuerdo para transitar por los linderos del Código Penal, en contravía del principio de legalidad, conducta que obliga a la Fiscalía a establecer si en el trámite de la Ordenanza 616 incurrieron o no en el delito de concierto para delinquir”.
Sobre la denuncia de que estos recursos serán utilizados, presuntamente, para pagar compromisos electorales a través de obras, Torres señaló a 30dias.co que “sería un absurdo, un infundio, que los dineros de la Tasa de Seguridad sean para pagar favores políticos; eso es políticamente incorrecto y jurídicamente inviable”.
Con respecto a que los dineros de la seguridad los utilicen en la construcción de canchas deportivas, parques y otras obras con el pretexto de que contribuyen a la seguridad y la convivencia, el abogado defensor de derechos humanos sostiene que el Plan de Seguridad está obligado a “priorizar el gasto en la prevención de los delitos y los resultados, las estadísticas alarmantes, muestran que esos es todo un fracaso porque la comunidad está expuesta a las extorsiones y tenemos una guerra entre bandas criminales con más de 900 muertos en 2024 en el Atlántico”.
De acuerdo con los giros de vigencias futuras que debe entregarle la Gobernación a la Alcaldía de Barranquilla para el Plan de Seguridad los desembolsos serían así: $49.981millones en 2025; $57.769 millones en 2026; $67.812 millones en 2027; $80.180 millones en 2028; $97.199 millones en 2029; $111.758 millones en 2030; $129.075 millones en 2031; $150.290 millones en 2032; $165.743 millones en 2033 y $184.230 millones en 2034 para un total de un billón 94 mil millones de pesos. Para conocer sus puntos de vistas sobre las denuncias y la demanda, 30dias.co consultó a la Gobernación del Atlántico, directamente al despacho del gobernador Eduardo Verano y al secretario del Interior, José Antonio Luque Gerosa, pero no hubo respuestas.
