La familia Vargas Vives dice que el lote donde está la estructura principal es suyo. La comunidad revira ante la Gobernación por no tenerla en cuenta al construir el proyecto.
Por José Granados Fernández
X: @JoseGranadosF
De los cuestionamientos comunitarios por la forma como fueron “expulsados de las playas”, la construcción del Centro de Deportes Náuticos en Salinas del Rey, a cargo de la Gobernación del Atlántico, ha escalado, desafortunadamente, a problemas de convivencia entre vecinos, incluidas amenazas, y, como si fuera poco, han surgido denuncias sobre la presunta apropiación ilegal de lotes para hacer la obra.
El reclamo más llamativo sobre la restitución de dos de los predios, que miden cerca de 1.000 metros cuadrados, lo ha planteado la familia del fallecido senador Jaime Vargas Suárez. Sostienen que les pertenece el área donde construyeron la estructura principal —llamada la ‘Rosa Náutica’—, a orillas del mar.
30dias.co contactó, el pasado viernes, a la ex congresista Victoria Vargas Vives y le preguntó, a través de wasap, sobre el caso. Tras excusarse para no responder porque, según manifestó, estaba abordando un vuelo de Florida a Nueva York, EE. UU., por la llegada del destructivo Huracán Helene, no volvió a contestar los mensajes enviados sobre el tema. Igual consulta le hicimos al gobernador Eduardo Verano. El mandatario tampoco respondió.
Cómo resolverá la Gobernación este asunto; con base en qué documentos los Vargas Vives dicen ser dueños de la mitad del terreno del Centro Náutico; las pretensiones familiares son que les compren o alquilen ese espacio en caso de prosperar su reclamación, son algunas de las preguntas sobre la querella que ni Vargas ni Verano negaron.
Este reclamo, y otros, no es un asunto para desestimar, ni siquiera argumentando que la concesión del predio en zona de bajamar la otorgó la Dirección General Marítima, Dimar, pues debe tenerse en cuenta que están en juego miles de millones de pesos públicos.
De acuerdo con la información que Indeportes ha publicado en el Secop, la inversión del Centro de Deportes Náuticos ya suma $30.449 millones, incluyendo una adición por $4.261 millones que le hicieron al constructor Consorcio Salinas y otra de $698 millones al interventor Ecovías. La construcción debió estar lista a finales de 2022.
La obra, según el tercer otrosí firmado entre el actual director de Indeportes, Iván Urquijo Osorio, y Juan Carlos Velasco Kasimir, representante del Consorcio Salinas, debieron entregarla en agosto pasado. Sin embargo, les dieron otra prórroga hasta noviembre, de la cual, a la fecha, no hay documento alguno en el Secop.
CRECEN LOS RECLAMOS
Las quejas, inquietudes y preocupaciones en torno al proyecto deportivo y turístico fueron conocidas por 30dias.co a raíz de una nueva reunión —la primera tuvo lugar el 12 de abril— en la que la comunidad insistió, esta vez con tono de mayor reproche, en conocer qué va a pasar con el uso de la playa de parte de los residentes y sus familiares; qué pueden esperar en cuanto a las obras de infraestructura (vías y servicios públicos) que necesitan; cómo van a resolverse los conflictos interprediales; qué va a pasar con la deuda de más de $100 millones en alumbrado público cuando no tienen ese servicio; qué va a pasar con la seguridad y cómo protegerán la tranquilidad de Salinas del Rey para que el entorno no se convierta en un relajo, entre otros temas.
“Ustedes han venido a hablar solamente de las escuelas de surf, que llegaron hace poco, pero qué va a pasar con nosotros los copropietarios, la comunidad, que llevamos más de 25 años de estar aquí”, les espetó José Acosta a Joaquín Marenco, supervisor del proyecto en nombre de Indeportes, y a Víctor Garrido, representante de la empresa Puerta de Oro, creada por el Distrito de Barranquilla, que operará el plan de inversión turística que emprendió la ex gobernadora Elsa Noguera De la Espriella, que incluye el ordenamiento de las playas de Sabanilla y Solinilla y la apuesta gastronómica de Puerto Colombia.
En la reunión, celebrada el pasado viernes a las 10 de la mañana cuando la mayoría de los copropietarios estaban trabajando en Barranquilla, Fernando Buitrago, en la misma línea de los reclamos, expresó que mientras a la comunidad la han desconocido, a las escuelas de surf le han dado el protagonismo para que “usurpen las playas”, que antes los lugareños disfrutaban, pero que a partir de la concesión de la Dimar ya no pueden hacerlo.
“El mensaje que les enviamos a la Gobernación y a Puerta de Oro es que debemos ponernos de acuerdo para que aquí intervengan las escuelas y la comunidad. Ustedes nos están aislando”, reclamó Buitrago con tono enérgico.
Si bien fueron contados los propietarios que asistieron —128 tienen allí sus cabañas de descanso o su residencia—, en nombre de toda la comunidad no escondieron su desacuerdo con la “discriminación y el desconocimiento con el que nos están tratando”.
Marenco, para calmar los ánimos, respondió: “no le estamos entregando la playa a nadie de manera exclusiva” e insistió que “el acceso es libre”.
“Aquí puede haber muertos”
UNA NUEVA PROMESA
Sin embargo, sobre ese concepto de playas libres, como lo ordenan las normas nacionales, de inmediato los copropietarios reviraron. Recordaron que la administración departamental y Cotelco – Capítulo Atlántico colocaron una valla con un mensaje que dice: “Usted se encuentra en una playa concesionada a la Gobernación del Atlántico y zonificada por el Comité Local de Playas de Juan de Acosta para uso exclusivo de escuelas y practicantes de deportes náuticos sin motor (…)”, y seguidamente en el texto le hacen publicidad a las 5 escuelas que explotan el permiso de la Dimar.
Joaquín Marenco intentó explicar que si existe la restricción “es por seguridad, debido a la obra”; empero, cómo se entiende que en la valla dice que el Comité Local de Playas de Juan de Acosta zonificó el área. ¿Quiénes forman dicho Comité y por qué a la comunidad, si fue que sesionó, no la tuvieron en cuenta?
Para que no se le saliera de las manos la convocatoria, el representante de Indeportes asumió “el compromiso de hacer la organización logística de las playas” para quienes desean disfrutar el área de baño o de recreación y para quienes practicarán deportes náuticos.
¿Cumplirán el nuevo compromiso?
Esa misma promesa o anuncio de delimitar la playa la hicieron 5 meses atrás, en la reunión a la que asistió el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins Molina, y la Dimar. En esta oportunidad ninguno de los dos participó, como tampoco asistió la Gobernación. Según las explicaciones dadas, no se hicieron presentes porque “tenían otras socializaciones y reuniones”.
El secretario de Planeación e Infraestructura de Juan de Acosta, Francisco Padilla, reconoció que sobre el uso de las playas “la Dimar —en la reunión de abril, como lo recordó 30dias.co— se comprometió a marcar con vallas y a instalar boyas náuticas para delimitarlas, pero no lo hicieron. Vamos a hacerles el requerimiento”.
La comunidad exigió que antes de hacer la delimitación los llamen y los tengan en cuenta para definir el uso de la zona de playa. “Que sea una concertación, no una imposición ni una exclusión”, reclamaron.
LÍO PREDIAL
César Escorcia, copropietario y representante legal de la Urbanización Salinas del Rey, dijo a 30días.co que la “Dimar, al entregar la concesión, montó un predio sobre predios que ya existían y tienen dueños”.
Además del caso de los Vargas Vives, Escorcia aseguró que tres propiedades suyas quedaron dentro del área del proyecto. Ante los asistentes, manifestó que otro lote que tiene contiguo al proyecto lo quiere invadir una persona que dice ser instructor de surf. “Me amenazó”, aseguró Escorcia.
“El dueño de una de las escuelas construyó un quiosco en un segundo lote mío al lado del proyecto y le dije: o lo tumbas, o haré valer mis derechos. Si quieren, que la Dimar lo reubique”, manifestó.
Sobre los problemas prediales, el secretario Padilla sostuvo que, de tiempo atrás, en Santa Verónica y Salinas del Rey han usado escrituras falsas para reclamar propiedades. Explicó que hace 60 años los alcaldes adjudicaban los terrenos y eso ha sido aprovechado por avivatos para decir que son dueños de determinadas áreas.
Por eso se ha presentado lo que llamó “un récord de falsas tradiciones de lotes”.
Ante lo manifestado por el funcionario municipal, Escorcia indicó que Salinas del Rey es una “urbanización legalmente constituida”. Recordó que formó parte de una finca de 270 hectáreas, de las cuales lotearon y vendieron 70 hectáreas. “Si aparece una persona con una escritura que no diga que fue vendida por la Urbanización Salinas del Rey, ese documento es falso”, enfatizó.
Padilla reveló que a su despacho han llegado “infinidades de quejas” de personas que tienen lotes en Salinas del Rey, pero nunca construyeron y ahora que está el proyecto turístico regresaron y han encontrado anomalías. Reveló que hay propietarios que dicen que como a ellos les usurparon 200 metros de su propiedad, entonces se rodaron 200 metros para el lote de al lado y ahí comienzan los conflictos.
URGEN SOLUCIONES
En busca de soluciones, el secretario de Planeación propuso que la Gobernación les informe a todos los propietarios cuál es el espacio de la concesión, que revise el tema de los predios, que diga cómo hicieron la socialización de la obra y muestre las actas de vecindad que elaboraron.
Considera que tal vez ha faltado socializar más la obra con la comunidad; pidió que a esta le “garanticen su derecho” de disfrutar del balneario.
Padilla informó que, como se comprometieron en la primera reunión, la Alcaldía expidió una resolución en la que Salinas del Rey pasó de ser una urbanización privada a una de carácter público, lo cual ayudará a que la Gobernación —que así lo había pedido— pueda invertir en infraestructura y servicios públicos.
Juan Carlos Bacca, presidente de la junta directiva de la Asociación de Copropietarios de Salina del Rey, tras expresar que “tenemos una situación en el ordenamiento de playa que está creando conflictos que están intensificándose”, hizo un llamado a la convivencia y a resolver las diferencias dialogando, de manera armoniosa.
Pidió que todos los actores involucrados, comunidad, escuelas de surf y entidades públicas, logren engranarse para que “podamos obtener el mayor beneficio social, económico y productivo de esta obra”.
En su llamado a construir de manera ordenada, planificada e incluyente el Centro Náutico, Bacca insistió en que “esta es una gran oportunidad que tenemos para lograr el mejor y mayor desarrollo para toda esta zona turística”.
La comunidad quedó a la espera de que fijen la fecha para una nueva reunión en la que, ojalá con una mayor participación, haya soluciones a sus inquietudes.
“Menos anuncios y más resultados; más concertación y menos decisiones tomadas e impuestas desde oficinas en Barranquilla”, es lo que piden.
También preguntan: ¿qué harán la Gobernación y Puerta de Oro para que una obra que costará una millonada no se convierta en un lucro cesante durante los 7 meses del año en los que no hay actividad de las escuelas de surf, porque disminuyen notoriamente los vientos que atraen a los extranjeros y colombianos que llegan a practicar estos deportes?
Por lo que esbozaron, si no hay respuestas y si incumplen los compromisos, como el de excluirlos del uso de las playas, están dispuestos a no permitir el ingreso al Centro Náutico por la única vía que existe: una trocha llena de huecos, destruida por los camiones que entran a llevar los materiales para la obra.
Contrato del Centro de Deportes Náuticos: plazo de entrega 10 meses, pero ya va para 36:
