En manos del Tribunal del Atlántico y del alcalde Alejandro Char está parar el desorden de las redes que afecta el medio ambiente, causa contaminación visual y es un peligro para los barranquilleros.
Por José Granados Fernández
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La chambonería de kilómetros de cables, especialmente de telefonía, televisión e internet, amontonados en los postes y de cientos de metros de guayas y alambres reventados que cuelgan peligrosamente sobre las cabezas de los peatones, sigue sin control en Barranquilla.
No hay calle, avenida, transversal, carrera o diagonal donde este desorden no afee el entorno urbano y afecte el medio ambiente. Por ese desorden imperante, este año en el Carnaval se vivió la más ridícula experiencia: la carroza Contra viento y marea, una hermosa obra de 9 metros de alto diseñada por artesanos de pastos, tuvo que desfilar sin su imponente cabeza porque los cables que se atravesaban en la carrera 44 no la dejaban pasar.
El 26 de julio de 2022, el alcalde Jaime Pumarejo, acompañado por varios funcionarios, entre ellos el jefe de Control Urbano, Ángelo Cianci, y el concejal Juan José Vergara, hizo un recorrido para anunciar que comenzaban a aplicar el Decreto 0348, expedido 13 días atrás, para “ponerle fin” a las ‘telarañas’ y “normalizar la instalación” del cableado aéreo.
Pumarejo dijo que comenzaban por Las Delicias, el Centro y La Sierrita; Cianci declaró que la “ardua labor” la harían por medio de cronogramas, y mencionó también para comenzar los barrios Cevillar, El Carmen, La Ceiba, el Centro Histórico, las calles 72 y 73 entre la Vía 40 y la carrera 38.
Pero los anuncios quedaron en los titulares y las fotos mediáticas.
TODO ESTÁ CADA DÍA PEOR
21 meses después las marañas de cables están peor.
El paisaje urbano está tan afectado que, para evitar lesionados o heridos, en los barrios los vecinos se ven obligados a amarrar en postes, señales de tránsito y árboles las redes reventadas de empresas como Claro, Tigo y Movistar; o tienen que amarrarles trapos, cintas y bolsas plásticas a los pedazos de cables que cuelgan al vaivén del viento.
Así lo documentó 30dias.co en varios recorridos periodísticos. “¡Lo que usted ve aquí es un peligro, y ninguna empresa responde!”, se quejaron Henry Iriarte y Yovanna Meza, habitantes de Montes ―carrera 25 con 37― y San Roque ―calle 37 con 29―, al referirse a redes de fibra óptica y televisión reventados que tuvieron que amarrar dos postes.
Ni siquiera los alrededores de la Alcaldía ―carreras 40 a 45 entre las calles 34 a 38― se salvan de la mezcolanza de rollos de cables sueltos y encauchetados.
La calle 36, a dos cuadras de la principal sede distrital, es un ejemplo de lo que no debe ser: entre las carreras 43 y 44, en medio de calderos hirvientes de fritos, chinchurria, cuajo, patacones y orejita de puerco instalados en el espacio público, los cables de energía, telefonía fija, televisión e internet se entrelazan por doquier.
Durante la reportería para este informe, 30dias.co quiso conocer por qué tan acelerado deterioro, pese a existir el Decreto 0348, pero Cianci, quien sigue siendo el jefe de Control Urbano, dijo que estaba muy ocupado.
DISTRITO HA SIDO OMISIVO, DICE JUEZ
Mientras el desorden avanza, en los estrados judiciales se tramita un proceso que podría ser el principio del fin de tal desmadre.
El 30 de junio de 2023, el Juez Tercero Administrativo, Edgardo Atencio Royero, en fallo de primera instancia que no trascendió a los barranquilleros, concedió la Acción Popular que en 2017 presentó el arquitecto y ex profesor universitario Orlando Manjarres.
“El Distrito de Barranquilla ha sido omisivo” para regular y controlar este tipo de instalaciones, dijo el juez en su fallo. Y sentenció que “este juzgado considera que tales excesos, falta de estética y saturación en la instalación de las líneas, transgrede el derecho colectivo a un ambiente sano, pues se constituye en una fuente de contaminación visual que impacta negativamente en los moradores y transeúntes de cada sector donde se repite la situación (…)”.
El juez Atencio Royero ordenó que, en dos meses, el Distrito metiera en cintura a las empresas dueñas del cableado aéreo y de las redes remanentes o en desuso que cuelgan por todas partes; decidió que debía revisarse el tema de las vallas publicitarias, para que en caso de que obstruyan el paso, como asegura el demandante Manjarres, sean desmontadas, y decretó que la Secretaría de Espacio Público, junto con la empresa Air-e, debía identificar, en sesenta días, quiénes son los dueños de las líneas aéreas para que la Alcaldía les exija orden, con un seguimiento permanente de parte de Control Urbano.
APELACIÓN DE LA ALCALDÍA
El Distrito de Barranquilla apeló el fallo ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, proceso que fue admitido por la magistrada Carmen Lorduy González, el 11 de octubre de 2023.
Llama la atención que el Distrito haya apelado a pesar de que ya existía el Decreto 0348 que contiene las “directrices técnicas” sobre el tendido del cableado aéreo en la ciudad, cuyos objetivos guardan similitud a los que reclama el arquitecto Manjarres con la Acción Popular, entre otros, “generar una mayor organización del espacio público, proteger el medio ambiente, mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos y disminuir el impacto visual en el paisaje urbano del territorio”.
Manjarres, directivo del Gremio de Arquitectos de Atlántico y quien ha sido asesorado por el abogado Jaider Jiménez, no entiende que la Alcaldía, que además del decreto en mención expidió una cartilla sobre las normas técnicas del cableado aéreo, “no haya aprovechado el fallo en favor de la ciudad para poner fin a las marañas de cables”.
Se desvaloriza la ciudad, arquitecto Orlando Manjarres
En su apelación, la Alcaldía, a través de abogado Héctor Romero García, pide que el Tribunal del Atlántico revoque el fallo del Juez Tercero y considera que la Acción Popular debe dirigirse a las empresas “Metrotel (comprada por Movistar), Movistar, Tigo-Une, Claro, Construseñales y Air-e”, porque, a su juicio, “vulneraron con su actuar la narrativa sobre contaminación visual (…)”.
CONTRADICCIONES DISTRITALES
El argumento del abogado distrital choca, paradójicamente, con lo que la propia Alcaldía dice en el Decreto 0348, cuando señala que el Artículo 82 de la Constitución Nacional establece que “es deber del Estado velar por la práctica de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.
También se contradice porque en los considerandos del citado decreto la misma Alcaldía recuerda que la Ley 1341 de 2009, que creó la Agencia Nacional de Espectro, estableció, en cuanto a las redes de telecomunicaciones y los servicios que estas puedan prestar, que las entidades nacionales y territoriales “están obligadas” a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, “(…) estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la prevención cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general”.
PROCURADURÍA RECHAZA APELACIÓN
Para el Ministerio Público la apelación del Distrito “no tiene ningún asidero”.
El procurador 15 judicial administrativo, Welfran Mendoza Osorio, argumentó ante el Tribunal que el abogado Romero García “parece desconocer que el señor alcalde del Distrito de Barranquilla expidió el Decreto 0348 (…) en el que, de una parte, reconoce la problemática relativa al tema de la contaminación visual por la llamada “maraña” de cables existente en diferentes espacios públicos y, de otra, expide las disposiciones dirigidas a corregir dicha situación”.
El procurador Mendoza le pidió al Tribunal desestimar la apelación de la Alcaldía, en la medida en que es la administración distrital “la encargada legalmente de velar por la protección del medio ambiente y del espacio público”.
GARANTIZAR LOS DERECHOS COLECTIVOS
Solicitó la Procuraduría que “se confirme la sentencia” del juez Edgardo Atencia, aunque considera el Tribunal Administrativo debe incluir una modificación: vincular al proceso, de manera clara y directa, a las empresas responsables de las ‘telaraña’ de cables, para “(…) impartirles las ordenes dirigidas a evitar la amenaza o violación de los derechos colectivos” , afín de que sea la Alcaldía “quien exija a las empresas Air-e. Construseñales y las demás prestadoras de servicios de internet y telefonía (Metrotel, comprada por Movistar, Movistar, Tigo-Une y Claro), el cumplimiento de lo ordenado”por el juez Atencio Royero.
En manos de la magistrada Carmen Lorduy está corregir y poner fin al lamentable espectáculo urbano de las marañas de cables y, sobre todo, de proteger los derechos colectivos de los barranquilleros.
Lo ideal es que el alcalde Alejandro Char logre que las empresas responsables corrijan sus chambonerías y que a las reincidentes les impongan “sanciones ejemplares”, como lo ordenó el Juez Tercero Administrativo. Acabar las ‘telarañas’ de cables, que se multiplican sin ley ni control, es tarea urgente.
