No paga la administración en los edificios, ni los servicios públicos y menos el impuesto predial hasta que un bien en su poder sea productivo.
Además de mal administrar y hacer ferias con los multimillonarios bienes que el Estado les quita a mafiosos, organizaciones delictivas y funcionarios involucrados en casos de corrupción, entre otros líos jurídicos, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se ha convertido en el “peor vecino” en cientos de edificios comerciales y residenciales de Barranquilla, así como en el resto del país.
Moroso. Con esa denominación aparece en estas copropiedades por no pagar oportunamente administración ni servicios públicos; además, la entidad estatal tampoco cumple con obligaciones como pagar el impuesto predial: en el caso de la Alcaldía de Barranquilla debe $15.174 millones, por cuenta de 804 predios incautados que tienen un avalúo catastral de $387.449 millones.
La SAE no paga nada mientras los inmuebles que maneja sean improductivos, situación que en edificios residenciales o comerciales afecta a todos los copropietarios y daña la propiedad horizontal donde esté el bien incautado.
Santander Barraza, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, afirma que el Estado, de “manera irresponsable”, incurre en una “posición dominante” a través de las leyes 1708 de 2014, conocida como Código de Extinción de Dominio, y la 1849 de 2017, que jurídicamente protegen a la SAE hasta que un apartamento o una casa incautada sea arrendada o vendida.
Al respecto, el Artículo 27 de la Ley 1849, que modificó el Artículo 110 de la Ley 1708, estableció que “las obligaciones que se causen sobre bienes con extinción de dominio o sobre bienes con medidas cautelares, tales como cuotas o expensas comunes, servicios públicos, y que son improductivos por no generar ingresos en razón a su situación o estado, se suspenderán y no se causarán intereses (…)”.
Y agrega que “durante el tiempo de suspensión, las obligaciones a cargo de dichos bienes no podrán ser objeto de cobro por vía judicial ni coactiva, ni los bienes correspondientes podrán ser objeto de medidas cautelares”.
Ante lo que consideran una “mala práctica de convivencia y vecindad”, por culpa de estas leyes, cuatro administradores de edificios, dueños de apartamentos y empresarios del sector inmobiliario de Barranquilla opinan que dichas normas, más que proteger, hacen ineficiente a la SAE, porque “no administra nada y termina perjudicando a los copropietarios de un inmueble”, que deben asumir lo que la entidad oficial no paga “cuando le toca y no cuando puede”.
La crítica que hacen es que la Sociedad de Activos Especiales se limita a presentar en su página web los inmuebles que tiene a disposición para arrendar -o para la venta a través de la Central de Inversiones, Cisa-, para ver si alguien se interesa en hacer negocios con ellos, pero “no se ve una gestión comercial más eficiente y activa” dirigida a arrendar o vender estos apartamentos o casas, y al ser improductivos “uno tiene que cargar con los gastos de este vecino moroso”, enfatizaron en sus quejas.
Barraza dice que para evitar que las deudas se acumulen mes tras mes, muchas veces les toca a los administradores de edificios ayudar a que un apartamento sea arrendado.
Casos concretos que logramos documentar muestran que las deudas que acumula la SAE en edificios locales son millonarias.
Por ejemplo, en dos edificios residenciales al norte de Barranquilla debe más de 1.000 millones entre capital e intereses. Por un apartamento adeuda $455 millones, de los cuales $253 millones son cuotas de administración; en el otro la mora es por $550 millones, $220 millones en administración.
La Alcaldía de Barranquilla, a través del Gerente Distrital de Gestión de Ingresos, Fidel Castaño Duque, informó que, además de la deuda de $15.174 millones, para 2023 la liquidación del impuesto predial por los inmuebles de la Sociedad de Activos Especial asciende a $3.559 millones.
Las propiedades incautadas en la capital del Atlántico en poder de la SAE se discriminan así: el 45.8% (369) son predios comerciales, el 50.2% (404) son habitacionales, el 1.2% (10) son lotes.
Detalló Castaño Duque que el 34% (138) son de estrato 6; el 21.7% (88) de estrato 3: el 20.7% (84) de estrato 4, el 15.5% (63) de estrato 5.
“Desde su incautación, para estos bienes, se suspende el proceso de cobro del impuesto predial. Cuando son improductivos no se causan intereses de mora; y cuando son productivos el administrador debe pagar el impuesto como cualquier otro inmueble”, indicó el funcionario distrital y explicó que cuando es vendido el bien deben pagar todos los impuestos pendientes.
Quisimos hablar con la Gerencia seccional de la SAE, actualmente a cargo de la filósofa Nevys Niño Rodríguez, pero la funcionaria no estuvo disponible, pues cualquier información debe ser tramitada a través del centralismo bogotano.
Mientras el Gobierno Nacional impone reglas como estas que perjudican a miles de personas a través de la Sociedad de Activos Especiales, los afectados recuerdan que “el manejo de la entidad dista mucho de ser un buen ejemplo”. Lo dicen porque a finales del año pasado la Contraloría y la Procuraduría General cuestionaron lo que allí sucede a nivel nacional. En las evaluaciones dieron a conocer que es tan ineficiente como la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, saqueada por funcionarios -dos o tres condenados- y congresistas a los que nada les pasó.
