Formulan cargos a funcionario de la Procuraduría de Barranquilla y envían proceso a la Comisión Judicial por tutela de juez de Malambo. Archivan el proceso contra el ex procurador Jorge Vásquez Subiroz.
Por José Granados Fernández
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Nada salió como lo planearon. Por el contrario, el cuestionado contratista Emilio Tapia sigue preso en la Penitenciaría del Bosque y ahora son investigados quienes, de manera exprés a través de presiones y amenazas, se dieron a la tarea de ayudarlo para que lo enviaran al Batallón Vergara.
La maniobra urdida en julio pasado en favor del empresario, preso por el escándalo de corrupción de Centro Poblados donde se perdieron $70.000 millones, se frustró cuando se conoció lo que intentaba su defensa. La sorpresa fue que en esa maniobra estaban comprometidos funcionarios de la Procuraduría y del poder judicial.
Al terminar una investigación interna, la Veeduría de la Procuraduría General, a cargo de Sandra Salazar Díaz, elevó pliego de cargos por “falta gravísima dolosa” contra Óscar Obeso Hernández, empleado de la Procuraduría de Barranquilla, ficha clave del entramado que montaron para favorecer al encarcelado.
Además, la Veeduría envió a la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico copia del proceso para que investigue al Juez Primero Promiscuo de Malambo, Franklin Bedoya Mora, quien, a través de una tutela, intentó imponer el cambio del sitio de reclusión de Tapia.
Cuando se desató el escándalo nacional, el entonces Procurador Provincial, Jorge Vásquez Subiroz, fue retirado del cargo. Sin embargo, en su decisión disciplinaria la Veeduría lo exoneró de toda responsabilidad al hallar que, de acuerdo con las pruebas recopiladas, revocó las actuaciones de Obeso Hernández. En la investigación estas fueron calificadas como dolosas, arbitrarias, sospechosas y extralimitadas en sus funciones.
Un extraño interés
Las irregularidades de Óscar Obeso, un funcionario de experiencia en el Ministerio Público, comenzaron el 5 de julio. Ese día, el abogado Luis Henríquez Del Castillo, apoderado de Emilio Tapia, radicó una solicitud para que la Procuraduría acompañara, vigilara y ejerciera control sobre la tutela que tramitaban en el Juzgado de Malambo.
Para esa fecha, a Obeso no le correspondía atender público, pero extrañamente recibió el documento del abogado. Este proceder se convirtió en un “indicio de que le asistía un interés para que se le asignara el caso y proceder como lo hizo”, dice el pliego de cargos en su contra.
Prueba del inusual interés fue lo que dijo la funcionaria Luz Jiménez Arrieta: “El doctor Obeso me presentó esta queja, él la tenía en la mano, me dijo que se la asignara a él (…) yo esperaba la queja en físico para pasarla al despacho, para que el doctor Vásquez diera instrucciones. Él (Obeso) se devolvió con la queja y me dejó este papelito con el radicado, para que yo se lo asignara a él”.
Así como cuestiona a Obeso por asumir el caso sin que le correspondiera, la Veeduría también cuestiona la actuación del abogado Luis Henríquez. No le creyó cuando, en una declaración dentro del proceso, negó haberle pedido algún favor al funcionario de la Procuraduría e intentó mostrarse ajeno a cualquier injerencia de éste en favor de Tapia.
Sin embargo, contrario a lo dicho por el apoderado del encarcelado contratista, la veedora halló que Obeso y Henríquez se conocían de antemano ya que fueron compañeros de trabajo en la Procuraduría entre 1996 y 1999.
Presiones y amenazas
Para intentar cumplir su objetivo en favor de Emilio Tapia, sin que se hiciera el reparto formal del caso, Óscar Obeso redactó un oficio y logró que el procurador Vásquez lo comisionara para vigilar el trámite de la tutela.
De inmediato, asumió otras funciones y actuó sin tener en cuenta que el caso de Emilio Tapia era vigilado desde Bogotá a través de un agente especial (David De Aguas Urrea, procurador 207 judicial) por orden de Margarita Cabello, jefa del Ministerio Público.
“Es sospechoso, al menos, la pasmosa celeridad con que el aquí disciplinado (Obeso Hernández) procedió a atender la petición del ex funcionario de la Procuraduría, Henríquez Del Castillo, proyectando un auto comisorio en que se le asignaban “en calidad de Ministerio Público” sin verificar, como era lógico suponer que debía hacerse, que en un caso tan sonado, como el de la reclusión de uno de los principales protagonistas de los episodios de corrupción más emblemáticos de los últimos tiempos en la crónica judicial del país, no tuviera previamente asignado un agente especial del Ministerio Público, como en efecto lo tenía”, cuestiona la veedora Salazar.
Al extralimitarse en sus funciones, y actuar como mandadero de Tapia, Obeso redactó, firmó y remitió los Oficios 3571 y 3572, del 10 de julio, dirigidos al general Jaime Torres y al coronel Mauricio Calvo, a quienes les exigió “dar cumplimiento inmediato” —se lee en el documento del pliego de cargos— a la orden judicial de traslado que el juez Bedoya Mora había dado a través de la tutela que concedió.
Las exigencias al general y el coronel las hizo “bajo la amenaza de suspensión provisional de sus cargos” sin tener ninguna facultad para ello. En su proceder, calificado como “extraño”, Obeso no tuvo en cuenta que los militares argumentaron que no podían trasladar a Tapia al Batallón Vergara porque no tenían cupo ni capacidad de alojamiento para hacerlo, además porque no habían recibido la orden del Inpec y porque la tutela era “imposible de cumplir”.
Falta gravísima
Para meterle presión, el funcionario fue hasta la guarnición militar. Allí, no le mostró al coronel Calvo el auto comisorio para lo que estaba únicamente facultado y por el contrario se presentó como “Procurador Provincial”, de acuerdo con la declaración que rindió el oficial.
Por eso, para la veedora Salazar, con su “proceder doloso”, el funcionario disciplinado violó principios de la moralidad pública, la ética y la honestidad.
Ante las pruebas en su contra, Óscar Obeso no se defendió.
Sobre la actuación del exprocurador Vásquez Subiroz, la Veeduría concluyó que “se desligó del proceder abusivo de su subordinado”, porque una vez fue alertado de lo que sucedía revocó los Oficios 3571 y 3572, llamó a los dos militares y les presentó excusas por la extralimitación de las funciones del disciplinado.
Luego de ser ser suspendido del cargo, Óscar Obeso no presentó ninguna defensa a su favor y renunció a la Procuraduría Provincial.
Copia de todo el proceso fue enviada a la Fiscalía General, con el fin de que inicie las investigaciones penales a que haya lugar contra los implicados en este entramado con el que intentaron favorecer a Emilio Tapia.
