La Guajira sigue concentrando la mayoría de las anomalías que investiga la Procuraduría. En Sucre está la obra más costosa de las investigadas.
Corrupción y concierto para delinquir han sido escenarios repetitivos en el manejo de las regalías. Para la prueba, varios botones: por este concepto a La Guajira le han girado más de $3.5 billones por la explotación del carbón, pero hoy sigue siendo un Departamento con graves problemas y necesidades básicas insatisfechas en los servicios de agua potable, salud y educación.
En las administraciones de los ex gobernadores Alejandro Lyon, en Córdoba, y José María Ballesteros, en La Guajira, dilapidaron -sólo en cuatro contratos- $103.284 millones para ciencia y tecnología y un estudio sobre el dengue. Al probarse sus malos manejos los dos exmandatarios fueron destituidos y condenados.
Como las millonarias irregularidades con las regalías parecen ser parte de las peores epidemias administrativas en el país, ahora la Procuraduría General de la Nación informa que investiga disciplinariamente a una exalcaldesa; 10 exgobernadores; un gobernador; siete exsecretarios, entre ellos uno que hoy es congresista, y un interventor por contratos de obras inconclusas y otras anomalías que en La Guajira y Sucre suman $87.733 millones.
John Harvey Pinzón, procurador delegado para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, explicó en qué consisten los hallazgos que están investigando:
Audio: Hay múltiples anomalías
Los autos de apertura de las investigaciones disciplinarias señalan que el proceso de mayor valor es el que está abierto contra el ex gobernador de Sucre Édgar Martínez Romero y el actual mandatario departamental, Olimpo Espinosa Omar, por el contrato firmado con el Consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020 por $47.594 millones para el Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Berruga – San Onofre – ramal Rincón del Mar, firmado en 2019 y con plazo de ejecución de 24 meses.
El ministerio público, tras indagar sobre las denuncias recibidas, encontró que en las plataformas de información de Planeación Nacional se reporta una ejecución física del 26.98% y un avance financiero del 31%.
En este proceso también son investigados Antonio Peralta Sánchez y Saúl Martínez Pineda, secretarios de Infraestructura en 2020 y de Planeación entre 2017 y 2021, respectivamente.
En cuanto a La Guajira, las investigaciones disciplinarias tienen que ver con un contrato de 2017 por $28.039 millones, incluida la interventoría, en el que habrían cometido irregularidades en la viabilización, priorización y aprobación de la inversión con recursos del Sistema General de Regalías para la Construcción en pavimento flexible y la expansión de las redes de alcantarillado de la Comuna 10 de Riohacha. El plazo de construcción era de 12 meses.
La obra fue adjudicada a la Unión Temporal Comuna, integrada por EMB Soluciones SAS, Geoingeniería, Serviespecial Colombia y el particular Jorge Guillermo Galán Gómez; la interventoría le fue entregada al Consorcio Tecni-Cinco, conformado por Cinco-Co SAS y Tecniconsultas SAS.
Al abrir la investigación, la Procuraduría tuvo en cuenta que, presuntamente, hubo deficiencias en el diseño y la planeación, lo que “han generado retrasos de más de cuatro años en la ejecución, sin que la comunidad hoy disfrute de los beneficios que traería el proyecto”.
Por las presuntas irregularidades son investigados Isseth Tatiana Barros Brito, ex alcaldesa de Riohacha; Juan Loreto Gómez, ex secretario de Planeación de La Guajira y hoy representante a la Cámara por ese Departamento.
También investigan a Kendri Magdaniel Rodríguez, ex secretario de Planeación de Riohacha; Manuel Torres Blanchar, ex secretario de Infraestructura y supervisor del Contrato 159 de 2017. Igualmente, a Natalia Gutiérrez Escaño, representante legal del consorcio interventor.
Dos procesos más
El 16 de julio de 2019, la Gobernación de La Guajira firmó con el Consorcio para el Desarrollo Empresarial y Productivo de la Guajira el contrato de colaboración 002 por $8.803 millones. Su objetivo era “apoyar estrategias de desarrollo empresarial y productivo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad”.
Entre los hechos disciplinariamente relevantes, la Procuraduría encontró que la supervisión del contrato, probablemente, autorizó pagos “sin que el contratista hubiera cumplido la totalidad de las actividades previstas en el respectivo contrato”; además de que hay retrasos en su ejecución, también habrían omitido publicar información contractual en el SECOP y, al parecer, no habrían constituido las garantías de cumplimiento del contrato.
Los investigados por este contrato son los exgobernadores encargados Wilbert Hernández Sierra, John Fuentes Medina, Anglys Maestre Arias, José Vega Vence, Wilson Rojas Vanegas, Alberto Arisa Cujia y Nemesio Roys Garzón. Así mismo, a Kempes Vega Maestre en su calidad de secretario de Desarrollo Económico.
El tercer proceso disciplinario por anomalías con las regalías está relacionado con la compra en 2018 de 16 ambulancias por $3.297 millones a la Sociedad Carrocerías El Sol. La apertura de la investigación indica que adquirieron vehículos diferentes a los que anunciaron en la licitación.
Por estos hechos son investigados los gobernadores encargados Tanía Buitrago González, Wilmer González Brito, Wilson Rojas Vanegas y John Fuentes Medina; además a Jarexon Arredondo Quintero, en calidad de secretario de Salud.
