Venden las bases de datos de sus alumnos a los políticos beneficiados con el reparto de becas que hace la Alcaldía, para que puedan cumplir los contratos que reciben.
Por José Granados Fernández
@JoseGranadosF
La mayoría son casas estrechas, oscuras, poco ventiladas, de unos 84 metros cuadrados, donde atienden a 100 o más alumnos: en Soledad, son “colegios de garaje”, que se asemejan más a unas jaulas por las rejas de hierro y mallas que protegen sus entradas, cuyo negocio va más allá de los 40 o 50 mil pesos de mensualidad que le cobran a cada estudiante.
—Esta es una mafia.
—¿Una mafia?
—Sí, mafia, corrupción de funcionarios públicos, políticos y hasta intermediarios que se dedican a buscar colegios pequeños para que concejales, diputados, excongresistas y exalcaldes beneficiados con las becas compren las bases de datos de alumnos y de esa manera puedan cumplir con los cupos que les asigna la Alcaldía, enfatiza.
Quien habla sin tapujos con 30dias.co, bajo reserva de su identidad, ha vivido y conocido por años muy de cerca todo el “proceso de asignación, compra, venta y cobro de comisiones” por el multimillonario negocio de las becas en el sistema educativo soledeño.
La corruptela que a comienzos de cada año tejen en torno a lo que técnicamente se llama “matrículas contratadas” es un secreto a voces que, ante los ojos de los organismos de control y con la complicidad de funcionarios públicos, “se ha normalizado”.
—Aquí se sabe todo: se sabe cuáles colegios no negocian las becas con políticos; se sabe cuáles funcionan apadrinados por concejales o exconcejales y diputados, y se sabe cuáles instituciones son propiedad de éstos. Sin embargo, inexplicablemente, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría ni la Contraloría General, que debe actuar porque son recursos nacionales, ven las irregularidades, ni quieren saber de ellas.
Eso enfatiza una fuente que habla del despilfarro de cientos de millones de pesos en las elecciones pasadas y la compra de propiedades con la plata hurtada a la educación.
Como todo acto delictivo, lo que se registra en territorio soledeño es un “negocio peligroso”. El 3 de septiembre de 2009, época del saqueo municipal entre paramilitares del Bloque Norte y políticos, desaparecieron a Nayith Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Educación que denunció lo que sucedía en esa dependencia y en la de Hacienda. Siete meses después hallaron su cadáver: lo enterraron vivo.
Por hechos criminales como este, pocos aceptan hablar del tema, y quienes hablan lo hacen con reserva.
“Reparto y negocio politiquero”
En la más reciente información de 2022 y 2023, la Alcaldía de Soledad le reportó al Ministerio de Educación 52.433 y 51.685 matrículas contratadas, respectivamente, con los 90 colegios habilitados en el Banco de Oferentes.
Por los 104.118 alumnos en las dos anualidades el Gobierno Nacional giró a las arcas soledeñas cerca de $200.000 millones con destinación específica para dicha contratación.
Con el fin de conocer la cifra exacta de lo recibido, 30dias.co le preguntó, a través de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, a la secretaria de Educación, Aida Ojeda, cuota burocrática del diputado Sergio Barraza y del ex concejal Rodrigo Martínez, cuánto giró (tarifa plena) la Nación por cada alumno becado en 2022 y 2023, pero no hubo respuesta.
—¡Eso es mucha plata! Si no existiera este reparto politiquero, que termina en negocios personales, nuestros jóvenes tuvieran muy buena educación, lamenta quien conoce las componendas que por años han existido entre las administraciones municipales, los concejales de la mayoría y otros dirigentes.
—Al entregar las becas a los políticos, la Alcaldía deteriora la calidad educativa, porque la plata se queda en los bolsillos de ellos, cuestiona.
La asignación de las becas depende del número de votos que un concejal o un diputado haya puesto para elegir el alcalde; también influyen la cercanía y otros acuerdos que estos dirigentes tengan con el jefe político o “el pluma blanca” que mande en Soledad.
Hace cinco años ese poder lo ostenta el condenado ex senador Eduardo Pulgar Daza, quien para el periodo 2020 – 2023 eligió alcalde a su cuñado Rodolfo Ucrós y para el actual, 2024 – 2027, a la incondicional Alcira Sandoval.
El entramado de la repartición
En 2012, el Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura del representante a la Cámara Jaime Cervantes Varelo —Cambio Radical— tras investigar hechos de corrupción denunciados por la revista Semana y la Red VoteBien, en las elecciones de 2010: se comprobó que el congresista recibía becas de la Alcaldía (administración de José Zapata Guerrero 2008 – 2011) y las repartía a cambio de votos que les exigía a los padres de familia.
Después de esa decisión fulminante nada cambió.
—Como cada año hay más plata por alumno, los políticos favorecidos hacen lo que sea para cumplir con los estudiantes que deben aparecer matriculados en los colegios que ellos postulan, explica una de las fuentes.
“Hacer lo que sea” significa hasta “comprar alumnos”, revela al hablar del “cartel de los colegios de garaje”.
¿Cómo funciona? Todo comienza con un acuerdo entre la administración municipal y sus aliados políticos, especialmente en el Concejo, sobre el número de alumnos y el valor que le pagarán por cada uno. Luego la Secretaría General firma un contrato con el rector del colegio apadrinado por el concejal o el diputado beneficiado.
—Son millonadas cada año. En 2024, a los políticos amigos les están pagando cada estudiante matriculado a $1.638.000, detalla quien conoce los arreglos.
Al consultar el Secop, 30dias.co halló que, efectivamente, este año ese valor por matrícula se repite en varios contratos “manejados por políticos”, entre otros, con el colegio El Sagrado de Soledad ($1.367 millones por 835 alumnos); El Shaddai ($2.894 millones por 1.767 estudiantes); San Judas ($2.571 millones por 1.533 alumnos) y Nuestra Señora de Guadalupe ($3.066 millones por 1.872 estudiantes).
Extrañamente, a pesar de que han transcurrido cinco meses, en el Secop no aparecen todos los contratos firmados este año. La encargada de hacerlo fue Amalfi Gaviria Ramos, alfil y funcionaria de confianza de Pulgar Daza, quien en noviembre pasado fue destituida e inhabilitada por 8 años por la Procuraduría General por casos de corrupción en la administración de Ucrós durante la pandemia de Covid 19. Ella apeló la decisión y siguió despachando como secretaria general en la administración de la alcaldesa Sandoval, quien pregona que su gobierno no acepta corruptos.
La no publicación de los contratos impide conocer qué beneficios recibieron el Gimnasio Americano del Atlántico, el Instituto Monsalve New Love, el Instituto Antonio Galán, el Colegio Mi Nueva Generación, el Centro Educativo El Tesoro del Saber, el Centro Educativo Mis Sueños y los colegios El Mundo del Saber y Nuestra Señora del Carmen, que, al parecer, tienen “estrechos vínculos con políticos”.
Compran alumnos por paquetes
Debido a que no pueden cumplir con la cantidad de matriculados que les asignan porque sus instalaciones físicas tampoco son amplias, los rectores de las instituciones contratadas y los políticos que los respaldan negocian las bases de datos con los colegios cartelizados, que están por fuera del Banco de Oferentes.
Normalmente, la compraventa la hacen rápido. Al fin y al cabo, se trata de un negocio entre “viejos amigos” que se han entendido “por años”.
—A los colegios del cartel que actúan como proveedores de alumnos, este año los políticos les están pagando $400.000 por cada estudiante que venden para llenar los cupos de los contratos con la Alcaldía, explica la fuente.
Pero a veces esa tarea no es fácil:
—Hay un exalcalde en vaina, porque le dieron 1.500 becas y no ha conseguido todos los alumnos. Si se los pagan a más de $1.600.000, como a los concejales, significa que tiene entre manos $2.400 millones, valor del que debe descontar los alumnos que compra y el pago de impuestos. Aun así, le queda un buen billete.
La Alcaldía legaliza la compraventa
Luego de negociar los estudiantes, el colegio vendedor o proveedor le entrega al político y al rector comprador toda la información, hoja de vida, datos familiares y registro de nacimiento, de sus alumnos.
Estos datos los recibe la Secretaría de Educación que se encarga de subirlos al Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, como “única entidad facultada” para hacerlo, como lo establece el parágrafo tercero de la cláusula primera de los contratos firmados.
—De esa manera —detallan las fuentes—, los alumnos son registrados en el Ministerio a nombre del colegio contratista, cuando en realidad, físicamente, no tienen a los estudiantes en sus instalaciones, sólo los tienen en carpetas.
¿Qué ganan los colegios del cartel?
Al vender sus bases de datos, un colegio de garaje de 100 alumnos recibe en efectivo $40 millones ($400.000 por estudiante) del político con el que hace el negocio.
Como a los padres de familia no les informan que sus hijos son becados, el dueño del colegio les cobra una mensualidad de entre $40 mil y $50 mil, es decir en 10 meses a los bolsillos del propietario negociante llegan 40 o 50 millones más.
—Los colegios de garaje han proliferado porque el dueño gana por punta y punta; ellos no educan, negocian. Y no educan porque contratan a cualquier profesor, a quien por media jornada laboral le pagan $600 mil, seguramente sin prestaciones. Ellos fomentan la educación mediocre.
No se descarta que las bases de datos también sean negociadas con colegios pequeños de Barranquilla y Malambo, pues para reportar a un alumno como matriculado en Soledad sólo necesitan que éste no aparezca en otra institución.
Toda esta maraña de irregularidades y malversación de los recursos públicos sucede a pesar de que la Secretaría de Educación de Soledad tiene una Oficina de Inspección y Vigilancia y el Ministerio de Educación cuenta con una Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Mientras nadie ve nada, cada año, un puñado de políticos, funcionarios públicos y rectores inescrupulosos se enriquecen con miles de millones de pesos.
30dias.co quiso hablar con la alcaldesa Alcira Sandoval sobre el cartel de los colegios de garaje, pero la funcionaria, a través de la Oficina de Comunicaciones respondió que “espera el resultado de la auditoría que ordenó y que sus resultados serán dados a conocer públicamente”.
También, por la misma vía, le preguntamos a la mandataria: ¿si la Secretaría de Educación tiene una Oficina de Inspección y Vigilancia, a cargo de Leopoldo Ferrer Pájaro, para qué una nueva auditoría? Y le indagamos sobre si el funcionario será separado del cargo mientras hacen las investigaciones sobre las irregularidades con las becas. La alcaldesa no respondió.
