La decisión contra Mauricio Molinares, quien es investigado, tiene vigencia por un año prorrogable. Jorge Senior Martínez, nuevo rector.
Por José Granados Fernández
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Al concluir que existen “probadas circunstancias” que han “dificultado o impedido la implementación de las órdenes y medidas” encaminadas a proteger los derechos de los estudiantes y evitar la afectación de la calidad del servicio educativo, el Ministerio de Educación separó, por un año prorrogable, a Mauricio Molinares Cañavera del cargo de rector de la Universidad Autónoma del Caribe.
La decisión impartida, “sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar”, llega en momentos en que contra Molinares crecían los cuestionamientos por incumplir los pagos a los profesores; dejar sin seguridad social a la mayoría de los trabajadores y feriar, con marcado favorecimientos por determinados compradores, los pocos bienes valiosos que poseía la universidad, como lo denunció, hace un par de semanas, en dos informes 30dias.co.
“La necesidad de ordenar el reemplazo del Rector y Representante Legal de la Universidad Autónoma del Caribe —Uniautónoma— no responde a un capricho o arbitrariedad del Ministerio de Educación Nacional”, se lee en la Resolución 002081 del 1 de marzo pasado, firmada por la ministra Aurora Vergara Figueroa, en la que en remplazo de Molinares fue designado rector el profesor universitario y filósofo Jorge Senior Martínez.
¿Qué halló el Ministerio?
El 12 de febrero de 2018 a través de la Resolución 01962, el Mineducación ordenó medidas de salvamento para la Autónoma luego del saqueo y el desastre administrativo que produjo el ex rector Ramsés Vargas Lamadrid, hoy llamado a juicio por la Fiscalía por, entre otros delitos, concierto para delinquir.
A partir de ese momento, la Dirección de Calidad para la Educación Superior y la Subdirección de Inspección y Vigilancia fijaron las condiciones que debían ser atendidas por el rector que estuviera al frente del alma mater.
Con el fin de superar, en el menor tiempo posible, las “situaciones de irregularidad y anormalidad” que venían de la época de Ramsés Vargas, el ministerio solicitó de manera periódica a Molinares, como actual representante legal, información administrativa y financiera. En especial en lo concerniente al pago de las obligaciones laborales, las prestaciones y la seguridad social de los trabajadores; así como el pago a otros acreedores y el funcionamiento de la fiducia que debía regirse por un Manual Operativo.
Al evaluar la información que recopiló a través del rector y de la revisoría fiscal a cargo de la empresa Kreston, el Mineducación, dice en la Resolución 002081, encontró incongruencias en los pagos reportados.
“Lo cierto es que —dice el documento — hasta este momento no se evidencia un adecuado seguimiento, control y monitoreo que muestre en forma clara y precisa el cumplimiento de los criterios bases estipulados en el citado cronograma, situación que puede ocasionar riesgos jurídicos y financieros para la institución”.
En su seguimiento halló incongruencias entre el cronograma y los reportes de pagos. Por ejemplo, sobre la seguridad social Molinares le reportó al ministerio que entre enero de 2022 y diciembre de 2023 había pagado $15.785 millones, pero la revisoría fiscal dijo que los pagos sumaban $13.522 millones.
A todas estas, mes tras mes crecían las denuncias de los empleados sobre deudas que se acumulaban, mensualidades, primas, liquidaciones, etc., y la no atención médica por la falta de pago a las EPS que estaban afiliados.
Incongruencias y falta de efectivo
Sobre el reporte del rector el ministerio advierte que “no es congruente y tampoco razonable con la información suministrada anteriormente en el cronograma presentado y los reportes expedidos por la revisoría fiscal y la Oficina de Talento Humano”.
En cuanto a la situación financiera de la Autónoma, al despacho ministerial le llamó la atención que la Inspectora in situ, en sus informes, había advertido “una falta de generación de flujos de efectivo suficientes para atender de manera “oportuna” sus obligaciones dentro de las que se destacan los compromisos de salarios, seguridad social y contribuciones parafiscales”.
Fiducia sin ningún control
Otro hallazgo que fue evaluado para retirar del cargo a Mauricio Molinares fue el de la constitución y correcto funcionamiento de la fiducia a la que estaba obligada la universidad.
Al ministerio no le pareció nada bien que no estuviera funcionando el Manual Operativo, que era el instrumento necesario para llevar a cabo “la dirección y control de la administración del patrimonio autónomo” y a través del cual debían definirse “los procesos y procedimientos para la administración de los recursos y ejecución de los pagos”.
Molinares, el 23 de febrero pasado, respondió sobre este requerimiento que el Manual Operativo estaba en la “etapa de revisión final”, es decir no estaba funcionando, situación incomprensible para el Mineducación, pues la fiducia había sido constituida 6 años atrás, el 1 de marzo de 2018.
Al valorar lo que no cumplió el rector Molinares Cañavera, el ministerio concluyó que era “fundamental” adoptar la medida de remplazarlo con el objetivo de superar y evitar la crisis que persiste en la Uniautónoma, pues, a su juicio, la ausencia de monitoreo, seguimiento y control en el cronograma y la inexistencia del Manual Operativo de la fiducia, “afecta no solo los pagos a los emolumentos laborales, sino que también afecta las condiciones de calidad y pone en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público de educación, así como el adecuado manejo de los recursos, bienes y rentas de la institución”.
Por esa razón, en su caso hicieron efectivo el inciso cuarto del Artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, el cual dice: “En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser reemplazados hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional”.
