Aunque opina que puede negarle las tarjetas de operaciones a las compañías que no ingresen al sistema, expresa que les competen a los jueces dirimir las controversias con las empresas que no desean hacer parte de este.
Al responder una consulta sobre cuestionamientos que un grupo de empresarios ha formulado por los controles y requisitos que deben cumplir para seguir operando, el Ministerio de Transporte conceptuó que el Área Metropolitana de Barranquilla, AMB, está facultada para poner a funcionar y exigir el cumplimiento del Sistema Inteligente de Buses, Sibus.
La entidad metropolitana, máxima autoridad de transporte en esta zona del país, informó que en la respuesta que recibió su director, Libardo García Guerrero, el ministerio ratificó que, como el transporte es un servicio público esencial, es deber del Estado asegurar su accesibilidad a todos los habitantes de un ente territorial, razón por la cual las autoridades deben ejercer “la planeación, el control, la regulación y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación”.
La respuesta se da a raíz de una consulta que empresarios del transporte público colectivo solicitaron en una reunión con el Área Metropolitana, la Procuraduría y la Superintendencia de Transporte, que tuvo lugar a raíz de las protestas y reclamos de Sobusa, Trasalianco, Cootransco, Cotransnorte, Cotransporcar, Transmecar y Cootrasol que se oponen a los controles.
Aunque Jhon Herrera Benavides, subdirector del Transporte, advierte que su pronunciamiento es de carácter general y abstracto por no tener la competencia para dirimir las controversias, ni declarar derechos, porque esto “compete a los jueces de la República”, el Mintransporte, al referirse a la controversia planteada, conceptúa que “el Área Metropolitana de Barranquilla cuenta con las facultades para exigir, en los términos de los permisos de operación y como condiciones operativas y técnicas para la prestación del servicio, la incorporación de sistemas de recaudo centralizado y de gestión y control de flota, incluso en el Transporte Público Colectivo no cofinanciado, y aun cuando el mismo no pueda considerarse un sistema complementario”.
En la respuesta cita la Sentencia C-615 de 2002 de la Corte Constitucional que establece que la intervención económica en los servicios públicos tiene la finalidad específica de asegurar la satisfacción de necesidades básicas.
“Esa sentencia reafirma las competencias del Estado en materia de regulación, control y vigilancia para garantizar una prestación eficiente de servicios públicos que abarque a todos los habitantes”, dijo el AMB en un comunicado.
Reafirmó que mejorar y modernizar el transporte colectivo es el objetivo del Sibus, que comenzó a operar en marzo. 16 de las 23 empresas autorizadas a operar en el Área Metropolitana forman parte de este sistema inteligente para el control de flota, recaudo electrónico e información y comunicación al usuario.
La iniciativa, que ha venido diseñando desde hace varios años, cuenta con el apoyo del alcalde Alejandro Char. “Él le apuesta a la modernización del transporte público en la ciudad”, ratificó García en diálogo con 30días.co sobre las complejidades surgidas para poner a andar esta plataforma.
NEGAR TARJETAS DE OPERACIÓN
En cuanto a la decisión del Área Metropolitana de no renovar las tarjetas de operación a las empresas que incumplan los requisitos de este servicio, el ministerio, tras insistir en que es un asunto que definirían otras instancias, opinó que “la autoridad de transporte local puede negar la expedición de la tarjeta de operación cuando los vehículos no están equipados con los componentes tecnológicos necesarios para su interacción con los Sistemas Inteligentes de Tránsito y Transporte-SITT de la ciudad, tras un proceso en que se han definido estos estándares, se han indicado las especificaciones generales y funcionales y se ha otorgado al obligado un término prudencial para escoger su proveedor de los equipos o soluciones que permitan cumplir con la finalidad de conexión con el SITT”.
Al respecto, el subdirector del Transporte también señaló que, tras adoptarse un componente operativo y técnico como el Sibus, mediante un proceso de reestructuración del servicio, “el incumplimiento del mismo, y la no subsanación dentro del tiempo indicado, da lugar a la cancelación de la habilitación y del permiso de operación (…)”, entre otras decisiones que podrían aplicarse.
DEBEN BUSCAR SOLUCIONES
En el documento remitido al área Metropolitana, la entidad nacional recordó que los ceses injustificados en el servicio de transporte o las alteraciones en el orden público son causales para llegar a la cancelación de la habilitación o de los permisos de funcionamiento.
En pro de un entendimiento rápido y eficaz, Herrera Benavides instruyó a las partes para que busquen soluciones dentro de los canales jurídicos e institucionales, “sin afectar, en ninguna circunstancia, los derechos de las personas y de los usuarios”.
Libardo García insistió en que desde el Área Metropolitana exhortan a los transportadores que están por fuera del Sibus a que formen parte de éste para que “sigamos concertando y buscando solución a los usuarios”.
Subrayó que por primera vez en la historia Barranquilla avanza con un pago electrónico en los buses urbanos, plataforma que incluye un componente tecnológico para que los pasajeros, por ejemplo, puedan ver cuándo llega su bus, se transporten más rápido y accedan a transbordos de manera inteligente y con descuentos.
*Créditos fotográficos: 30dias.co y Área Metropolitana de Barranquilla.
