A pesar de que este organismo fue creado legalmente, la nueva administración municipal, argumentando razones jurídicas, contrató a los Bomberos Voluntarios, una especie de famiempresa que no rinde cuenta de sus ingresos.
Por José Granados Fernández
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Lo que en 2023 fue la mejor noticia para Galapa y su Cuerpo de Bomberos Oficiales que comenzaba operaciones y marcaba el inicio de la institucionalidad de este servicio, como lo tiene Barranquilla, se ha convertido en una tortuosa e incierta experiencia «ante los acosos, las persecuciones laborales y el trato excluyente» que están recibiendo de la administración del alcalde Fabián Bonett Berdugo.
Un año antes, a través del Decreto 167 de 2022, el entonces alcalde José Vargas Muñoz creó la planta de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos. Ese acto administrativo estableció que su viabilidad financiera estaba asegurada a través de la Sobretasa Bomberil. En el Presupuesto de Rentas y Gastos de 2024 este rubro figura con una asignación de $1.190 millones para pagarle al personal, compuesto por 17 integrantes, y adquirir nuevos equipos y dotaciones. Además, hay otros $1.095 millones presupuestados, a través del programa de Gestión de riesgo de desastres y emergencias, para el “servicio de fortalecimiento a los cuerpos de bomberos”.
Argumentando que cumple una orden de la Dirección Nacional de Bomberos, que ha sido cuestionada, y decisiones judiciales, Bonett firmó con los Voluntarios un contrato de servicios paralelo, el SB 001 2024, por $150 millones por tres meses, de septiembre a noviembre, que puede ser prorrogado.
Es decir, hoy Galapa se da el lujo de tener en esta materia un doble gasto de recursos.
Tras firmar el contrato, la operatividad quedó en manos de los Voluntarios, al mando de la bombera Yarledys Pérez Ochoa.
Empero, esta entidad de voluntarios sólo tiene el nombre: ha sido cuestionada hasta por el Concejo, como sucedió en un debate del 24 de febrero de 2021, cuando la misma comandante Pérez Ochoa no rindió cuentas de los millonarios recursos municipales que recibía anualmente. Mucho menos informó, y aún no lo permite, cuánto suman los millonarios ingresos por los servicios bomberiles y certificaciones que les prestan o expiden a empresas y establecimientos comerciales.
FALTA DE TRANSPARENCIA
La Estación de Bomberos de Galapa fue construida en 2017 mediante un convenio entre la Gobernación del Atlántico, que aportó $450 millones, y la Alcaldía, que entregó el terreno avaluado en $659 millones; en ese mismo año, Barranquilla le facilitó en comodato al vecino Municipio una máquina extintora de incendios de 1.000 galones de agua.
Es decir, la infraestructura y el equipamiento bomberil son de la Alcaldía.
En 2019, durante la administración del alcalde Carlos Silvera, el Municipio le entregó en comodato la Estación de Bomberos a los Voluntarios, por un plazo de 5 años. También le facilitó, a través de esa misma figura, la máquina contra incendios.
Al año siguiente, por “reiterados incumplimientos” de los Voluntarios, Vargas Muñoz le propuso al Concejo crear el Cuerpo Oficial de Bomberos, acto que quedó protocolizado mediante el Acuerdo 002 del 9 de marzo de 2020; estos no operaron de inmediato.
Debido a que continuaban los “problemas por la renuencia de entregar informes administrativos, financieros y operacionales”, Vargas terminó unilateralmente el comodato con los Voluntarios a través de la Resolución 218 del 17 de octubre de 2023.
“Ese mismo mes comenzó a operar el Cuerpo Oficial de Bomberos, decisión que, desde un comienzo, fue atacada por los Voluntarios a través de demandas de legalidad”, denuncian los afectados. La estrategia les salió mal porque el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla decidió que la creación de los Bomberos Oficiales cumplió las normas legales.
OTRO PALO EN LA RUEDA
Cuando la administración de Bonett arrancó en 2024 comenzó a trabajar de la mano con los Bomberos Oficiales. Lo hizo a través de la secretaria de Gobierno, Angélica Oñoro Acosta.
“Diseñamos varios planes importantes y comenzamos a ejecutar con ella (Oñoro) toda una estrategia de fortalecimiento institucional, dirigida a capacitar a la comunidad en general, visitamos barrios y colegios con ese propósito. La administración y la gente estaban satisfechas por esa labor, en especial por las capacitaciones que les estábamos dando sobre la prevención de emergencias”, recuerda Marlén Narváez, excomandante de los Oficiales, a quien en septiembre le pidieron la renuncia.
Luego de que el Juzgado Primero Administrativo decretó la legalidad del Acuerdo 002, los Voluntarios no se quedaron quietos y siguieron buscando la forma de recuperar el “jugoso negocio”. Y le metieron otro palo a la rueda: utilizando al veedor Brígido Mendoza, uno de sus abogados presentó una Acción de Cumplimiento solicitando que se definiera quién debía tener la operatividad bomberil, si ellos o la entidad oficial.
El 8 de abril el Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla ordenó que la Dirección Nacional de Bomberos debía tomar esa decisión.
De manera rápida, la Dirección Nacional de Bomberos envió, el 24, 25 y 26 de abril, a los funcionarios Ronny Romero y Darío Pedreros a realizar una inspección en Galapa. En una de las reuniones, recuerda Narváez, los delegados capitalinos afirmaron que “los Voluntarios tenían estación y equipos” para operar.
“La secretaria Oñoro, que sabía el trabajo de los Bomberos Oficiales, les dijo a los funcionarios de Bogotá que los Voluntarios no tenían nada, que la Estación y la máquina estaban entregadas en comodato; les hizo ver que eran propiedad del Municipio por los convenios con la Gobernación y Barranquilla”, revela la excomandante.
ORDENAN CONTRATARLOS
De manera presurosa el 30 de abril, desde Bogotá, a través de un informe enviado al Juzgado Séptimo, dictaminaron que los Bomberos Oficiales carecían de facultades administrativas, financieras y jurídicas para operar.
Aunque los dos Cuerpos de Bomberos estaban operativos en medio de sus limitaciones, como lo dijo la misma Dirección Nacional en una respuesta que envió al Juzgado durante el trámite de la Acción de Cumplimiento —los Voluntarios lo hacían sin tener contrato con la Alcaldía, como ya se dijo y sin que la estación y la máquina contra incendio fuera de ellos—, la directora de los bomberos, capitana Lourdes Peña Del Valle, le ordenó a Galapa hacer un nuevo contrato con esta entidad privada.
“No cabe duda de que la directora Peña se extralimitó en sus funciones, indujo al alcalde Bonett a cometer un error, y por eso la hemos denunciado ante la Fiscalía y elevamos una queja ante la Procuraduría”, dijo a 30dias.co el abogado Guillermo Acevedo, asesor de los Oficiales.
“(…) de la normativa aplicable, el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos no posee facultades para instruir a un alcalde municipal en la suscripción de un contrato, ni para ordenar la modificación de ninguno de los instrumentos de planificación del ente territorial. La acción de la señora Peña Del Valle, al ordenar al Municipio de Galapa la suscripción de un contrato y/o convenio, así como la modificación de los EMRE (Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias), constituyó un abuso de autoridad, al asumir indebidamente el rol de superior jerárquico del Alcalde Municipal, además de exceder los límites de la orden impartida por el Juez”, dice la denuncia firmada por el abogado Jorge Caballero Laurens.
Para justificar la contratación, la administración municipal, a través del asesor jurídico Juan Clavijo, sostiene que “existen decisiones judiciales en favor de los Voluntarios” y alega que “no podemos violarlas”.
Como ejemplo citó que, pese a que el comodato de la Estación feneció, la entidad privada, para seguir amarrada al servicio, logró, a través de una acción de tutela, quedarse en esa dependencia, mientras que los Oficiales andan “de un rincón para otro, hasta nos tenían tirados en la puerta de la Estación donde no nos dejaban entrar; es decir, estamos en condiciones deplorables. Es una total desventaja para la institucionalidad”.
Hoy los Oficiales funcionan desde la puerta de la Alcaldía. Hasta les quisieron quitar la Línea de Emergencia para que “quedaran de apoyo de los Voluntarios”, según intentó la secretaria Oñoro, pero ellos se opusieron.
GOLPE A LA INSTITUCIONALIDAD
El informe emanado en Bogotá dice que los Bomberos Oficiales no tienen autonomía administrativa para operar, porque no poseen presupuesto propio y no pueden nombrar directamente a su personal.
¿Por qué el ex alcalde José Vargas Muñoz, una vez decretó la creación y terminó el contrato con los Voluntarios, no les dio todas esas facultades? En diálogo con 30dias.co sostuvo que hubo una serie de hechos de parte de los Voluntarios que frenaron o enlentecieron el propósito que él tenía.
“Al final de nuestro mandato decidimos, de manera respetuosa con la administración que llegaba, que ellos le dieran seguimiento a esta iniciativa que es de carácter institucional”, se justifica el exfuncionario.
Bonett, por su parte. asegura que en el empalme Vargas no les entregó información sobre los Bomberos Oficiales: “fue la herencia que recibimos, y si ellos no hicieron las cosas bien, nos tocó a nosotros asumir esto”; el exalcalde revira y afirma que “sí se la entregamos, para que le dieran continuidad al proceso en defensa de la institucionalidad”.
Sobre por qué no defienden la institucionalidad, Bonett y Clavijo se aferran al concepto de la Dirección de Bomberos y la tutela; el asesor Jurídico señaló que los recursos de Galapa son limitados, que no tienen para comprar una máquina para los Oficiales, pero no explicó por qué no hicieron los trámites para quitárselas a los Voluntarios siendo que es un equipo entregado en comodato por Barranquilla al Municipio.
¿Y si afirma que los recursos de Galapa son limitados, cómo se justifica que tengan un doble gasto administrativo pagando la nómina de los Oficiales y el contrato de los Voluntarios; que manejan millonarios ingresos que no le entran al Municipio?
Es tan frágil el tema de la defensa institucional que la Alcaldía sostiene que “no nos interesa cuál de los dos Cuerpos de Bomberos tiene la dirección operativa, lo que nos interesa es que nos presten un servicio eficiente”.
Al respecto, el abogado Acevedo cuestiona: “en defensa de la institucionalidad, que es el debate de fondo, y en defensa de los intereses financieros del Municipio, el alcalde Bonett ha debido pedirle a la Dirección de Bomberos que estableciera un Plan de Mejoramiento para fortalecer a los Oficiales antes que salir a firmar ese contrato paralelo que significa más gastos”.
NEGOCIO MILLONARIO
Mientras la institucionalidad arde en materia bomberil en Galapa, lo que queda al descubierto es que los Bomberos Voluntarios, además de no dar explicaciones sobre qué hacen con los dineros públicos que les han pagado, y les siguen pagando, la Alcaldía de Galapa y la Gobernación del Atlántico, tampoco responden sobre otros “ingresos jugosos, abundantes como el chorro de un hidrante de agua”.
Esos dineros, según cálculos de quienes conocen la operatividad bomberil, “hoy pueden superar en Galapa los $1.800 millones anuales” por capacitaciones, certificaciones, cursos, etc. a grandes y medianas empresas y entidades de comercio, como tiendas, estancos, panaderías, ferreterías, misceláneas, etc., que los Voluntarios atienden en nombre del Municipio.
“Esa plata que pagan los contribuyentes se queda en manos de esta entidad privada y otros”, dicen los críticos.
Hasta el 31 de diciembre de 2023 en Galapa, el pueblo con mayor crecimiento industrial en todo el Atlántico, funcionaban 10 estaciones de combustibles o gasolineras y 365 empresas, entre estas 25 inscritas como grandes contribuyentes, y más de 1.500 establecimientos comerciales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
Toda una “clientela asegurada” que debe estar al día con la Sobretasa y el Certificado Bomberil, y son demandantes de otros servicios.
“Para los Voluntarios este es un gran negocio: reciben plata municipal, pero son una rueda suelta. Nadie los controla. Operan en nombre de Galapa, sin embargo, el Municipio no recibe un peso de lo que ellos producen, cosa que no sucedería con los Bomberos Oficiales, pues sus servicios, certificaciones, etc. generarían ingresos a las arcas municipales, no se quedarían en bolsillos personales”, son parte de los argumentos que 30dias.co conoció en medio de la controversia que se propaga como un incendio.
UNA FAMIEMPRESA
¿Cuánto cobran los Voluntarios por la expedición de un Certificado de seguridad humana contra incendios o cuánto cobran por la capacitación de las brigadas de socorro de una empresa para atender emergencias? Nadie sabe.
Hace dos semanas un empresario que requería capacitar a sus 15 empleados en prácticas contra incendio y otras emergencias “terminó reclamando porque los Bomberos Voluntarios le presentaron una propuesta por $5 millones y él lo consideró un abuso”, revelaron dos fuentes consultadas.
Paralelo a que no rinden cuentas, los Bomberos Voluntarios de Galapa son una famiempresa. 30dias.co halló que, además de la comandante Pérez, en la entidad trabaja su exesposo (Carlos Viloria Beleño), quien fue presidente del Consejo de Dignatarios, una especie de junta directiva; un hermano suyo (Over Oyola Ochoa) fue tesorero y sigue en la entidad, y dos de sus hijos son bomberos.
Durante la investigación de estas denuncias, en la sede de la Alcaldía, donde esperábamos una entrevista con Bonett, le preguntamos a la comandante Pérez Ochoa sobre esos lazos familiares, pero evadió responder.
Los interrogantes generaron que el bombero conductor Juan Elier Chirinos Prieto, de nacionalidad venezolana, muy cercano a la funcionaria, obstruyera la labor periodística con el argumento de que “mi comandante está siendo acosada”.
Ante la agresiva posición del extranjero, que presuntamente anda armado, según expresaron galaperos que presenciaron el altercado, 30dias.co tuvo que exigir a dos asesores de comunicaciones de Bonett respeto y garantías para nuestra labor.
“Si tienen constituida una famiempresa, como usted dice, debe preguntarles a ellos”, fue la respuesta de Bonnet durante la entrevista que tuvimos con él días después. Inicialmente, el mandatario dijo que estaba conociendo la situación en ese momento, pero ahí mismo aceptó que lo de la famiempresa lo había escuchado por “comentarios de pasillos”.
Bonnet no se interesó por saber si esas relaciones familiares violan alguna norma, como al parecer sucede con el Reglamento Nacional de los Bomberos.
QUIEREN CALLARLOS
“Nos sentimos engañados, discriminados y excluidos”. La confesión de los Bomberos Oficiales, en medio del temor de unos y la decisión de otros de denunciar lo que les está sucediendo, se dio el 12 de septiembre en la puerta de la Estación de Bomberos de Galapa, cerca de Villa Olímpica.
En esa oportunidad, 30dias.co acudió a hablar con ellos. “Aquí estamos a la intemperie, no nos dejan entrar a la Estación que está ocupada por los Bomberos Voluntarios”, fue su primera denuncia. Estaban trabajando con machetes y guadañadoras limpiando el monte exterior, intentando hacer algo porque les habían “quitado las funciones operativas”.
A los pocos minutos llegó la secretaria Oñoro Acosta, tras ser informada por los Voluntarios sobre que los Bomberos Oficiales estaban dando declaraciones a este medio de comunicación.
Al bajar de su carro, con gesto de mandamás en señal de reproche o regaño, Oñoro movió su cabeza para ordenarles que entraran. La funcionaria intentaba evitar que denunciaran lo que les está sucediendo.
Para callarlos, la secretaria de Gobierno, designada comandante encargada de los Oficiales sin tener idea de cómo manejar una emergencia, tras la renuncia por presiones que la administración municipal ejerció sobre la teniente Marlén Narváez, la primera mujer bombera del Atlántico con 29 años de experiencia, envió el siguiente mensaje al chat: “Nadie salvo expresa orden del alcalde está autorizado para conceder entrevistas”.
¿Por qué Oñoro Acosta, que antes trabajaba de la mano con los Oficiales, estaba interesada en callarlos si, como dice la Alcaldía, todo está bien y no han vulnerado ni discriminado ni desconocido ni afectado laboral y salarialmente a los Bomberos Oficiales?
“Nosotros estamos trabajando en pésimas condiciones y la secretaria de Gobierno lo que nos ha dicho es que demos gracias porque no nos han despedido”, fue la denuncia contra la funcionaria. Oñoro negó a 30días.co el señalamiento en su contra. Los bomberos le hicieron saber que tienen pruebas de su mal trato.
ACOSO LABORAL Y DISCRIMINACIÓN
Como denunciaron ante la Personería a la secretaria Oñoro, esta presentó una queja ante Control Interno, oficina que rápidamente les abrió investigación disciplinaria a 11 de los Bomberos Oficiales “por no acatar órdenes”.
En contraste, ni la Personería ni el Concejo se han interesado en investigar las denuncias que los Oficiales les hicieron a través de un documento en el que exponen el infierno que están viviendo.
El objetivo es “echar a los Bomberos Oficiales para que los Voluntarios se queden con su negocio millonario particular”. Quienes hacen tal afirmación señalan que “este es el mismo objetivo por el que sacaron a la comandante Narváez: la hicieron renunciar para debilitar a los Bomberos Oficiales y así justificar mucho más el contrato con los Voluntarios, mostrando que los Oficiales no tienen comandante bomberil”.
Los defensores de que Galapa tenga su Cuerpo Oficial de Bomberos sostienen que “esto significa dignificarlos como profesionales, con buenos sueldos y prestaciones; podrían asegurar su pensión a futuro y no recibirían sueldos ínfimos como los que les pagan a los Voluntarios, como si ser bombero fuera un asunto de rebusque laboral. Es que, este servicio en manos de particulares significa que sólo coronan los comandantes y sus allegados”.
