Procuraduría General advierte sobre otros 16 proyectos, por $300.000 millones, con riesgos o deficiencias en su planeación y ejecución.
Que alcaldes incentiven el deporte en sus poblaciones es, sin duda, una decisión de aplaudir, pero que lo hagan construyendo una piscina semiolímpica sin tener servicio de agua potable permanente o una pista de BMX y de salto largo sin garantizar los servicios públicos y su mantenimiento, proyectos que suman $35.032 millones, es un despropósito con visos de corrupción.
El cuestionado despilfarro, investigado por la Procuraduría General de la Nación, a través del Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías, GES, tiene como escenario de las malas prácticas administrativas a los municipios de Urumita y Dibulla, La Guajira.
En el caso de la piscina en Urumita, el Ministerio Público halló, como punto de partida de su investigación, que la comunidad cuestiona la obra porque “no existe continuidad del servicio de agua potable las 24 horas del día”. Esta población sólo tiene un tanque de almacenamiento de agua para atender a cerca de 18 mil habitantes que viven en 17 barrios.
Como si no fuera absurdo construir una piscina sin el agua suficiente, en Urumita tampoco habría “deportistas o asociaciones de natación” para esta práctica, por lo que la Procuraduría habla de posibles “deficiencias en el diagnóstico y la identificación de la población a beneficiar”.
Y hay más presuntas irregularidades en investigación. Debido a que los estudios, diseños, presupuestos, documentos y certificaciones presentados para la aprobación del proyecto de inversión y la licitación del contrato de obra habrían sido “insuficientes e incompletos”, el GES no encontró los planos de las redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica de las áreas administrativas, los camerinos y las baterías sanitarias, ni la propuesta de las obras de urbanismo para el equipamiento de la piscina.
En cuanto a las fallas en la planeación y la contratación de los dos proyectos, el Ministerio Público señala que generan “incertidumbre sobre la sostenibilidad y operación” teniendo en cuenta que Urumita y Dibulla deben garantizar los costos de funcionamiento, mantenimiento, energía eléctrica, seguridad, limpieza y otros ítems para sostener dichas infraestructuras.
Asimismo, la Procuraduría evalúa si los dos municipios guajiros cuentan con las certificaciones de las empresas de energía, acueducto y alcantarillado en las que indiquen que los predios para los escenarios deportivos disponen de manera permanente y continua de estos servicios.
En las indagaciones al Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías no le entregaron la licencia de aprovechamiento forestal que debe expedir la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, en especial para las obras de la pista de BMX que construyen en un área arborizada.
A la procuradora Margarita Cabello le preocupa que mientras en La Guajira, de acuerdo con el Dane, existe un 66.3% de Necesidades Básicas Insatisfechas, principalmente en materia de agua potable y mejoramiento de viviendas, a los alcaldes se les da por gastarse los recursos de las regalías en inversiones que como estas que no son prioritarias.
Audio: Las críticas de la Procuradora General
Más contratos investigados
La feria con los recursos de las regalías en La Guajira también tiene que ver con otros cuatro proyectos por $57.539 millones.
En Dibulla, la Procuraduría investiga otra inversión por $18.656 millones en el proyecto Implementación de un sistema integral de producción agrícola y pecuario que fomente la agricultura campesina familiar y comunitaria. A pesar de que en la sesión del Ocad Paz en el que fue aprobado el Gobierno Nacional dio su voto negativo, la inversión quedó en manos de Edured -Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior- hoy Aldesarrollo, al parecer, “sin experiencia” como ejecutora del Sistema General de Regalías y de proyectos similares.
Las “falencias en los estudios, diseños y estructuración del presupuesto” derivaron en que “no se diseñaron sistemas de riego ni drenaje, los insumos del presupuesto son insuficientes para garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos”.
“De acuerdo con la visita desarrollada y en reunión con el ejecutor e interventoría del proyecto, se pudo evidenciar que se habrían realizado pagos superiores al 93%, sin embargo, no se observó la entrega efectiva de los productos e insumos para la ejecución del proyecto”, dice el GES de la Procuraduría.
Otro proyecto por $9.550 millones es el del Fortalecimiento del sector productivo como estrategia de mejoramiento de la competitividad en el departamento de La Guajira.
El Ministerio Público investiga deficiencias en la planeación ya que, al parecer, tampoco tienen los estudios y los diseños necesarios para las necesidades de riego y drenaje que llevaron a la pérdida de cultivos y retrasos en los ciclos productivos de productos como fríjol, ñame y plátano.
Además, ha sido deficitario el acompañamiento técnico para los beneficiarios; existió mala calidad de los insumos entregados; hubo pérdida en los cultivos de plátano y de frijol y los agricultores “han tenido que invertir recursos propios” para dotar de riego la media hectárea que les asignaron con el fin de evitar las pérdidas económicas.
En Barrancas, el Ministerio Público investiga los proyectos de mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los barrios Pringamozal, por $5.126 millones, y en Los Olivos 1, por $6.096 millones.
En visita a estas obras, el GES halló que “no garantizan la continuidad peatonal y la accesibilidad a personas con movilidad reducida, situación que deberá ser solucionada durante la ejecución del proyecto”.
Finalmente, la Procuraduría que investiga las obras que por $18.111 millones fueron contratadas con las regalías para el Proyecto de optimización del sistema de alcantarillado del corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla.
En total en La Guajira hay 16 proyectos que se ejecutan con recursos de las regalías por más de $300.000 millones y sobre los cuales la Procuraduría General advierte que “presentan riesgos o deficiencias en su planeación y/o ejecución”. Mientras los multimillonarios despilfarros siguen sin control, los niños wayuu continúan muriendo de desnutrición.
