Pese a la grave afectación por las quemas recurrentes, fallos de esa corporación han desconocido los daños al medio ambiente y la salud de los barranquilleros.
Por José Granados Fernández
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Por otro voraz incendio en el Parque Isla Salamanca, Barranquilla está repleta de inmensas columnas de humo y cenizas que deterioraron la calidad de la vida de sus habitantes, emergencia que vuelve a evidenciar la desatención que existe del Ministerio de Ambiente, Parques Naturales y la Gobernación del Magdalena como responsables de proteger esta reserva ecológica.
El incendio comenzó la tarde del sábado 27 en Los Higuerones, un sitio que está fuera del área protegida, frente al Malecón de Barranquilla. Los fuertes vientos avivaron las llamas y el lunes 29 estas avanzaron hacia el interior de la reserva forestal. El fuego se propagó hacia el sitio El Salado, donde había una gran extensión de enea seca que permitió que el incendio creciera rápidamente.
En cinco días, 40 hectáreas fueron calcinadas, Barranquilla ha vivido una nueva pesadilla y decenas de animales silvestres han muerto, lamentó el gobernador Eduardo Verano luego del Puesto de Mando Unificado citado de urgencia.
A raíz de la nueva emergencia, 30Dias.co encontró que, paralelo al probado actuar negligente de las entidades nacionales y magdalenenses que deben cuidar el Salamanca, el Tribunal Superior de Barranquilla, en dos procesos judiciales impetrados contra los recurrentes incendios, no protegió el medio ambiente, el ecosistema, la flora, la fauna, etc. de dicha reserva natural y mucho menos la salud de los barranquilleros.
En concreto, sus decisiones no permitieron contener por la vía judicial la destrucción del Parque, que, con sus 56.200 hectáreas y su ecosistema estratégico, en vez de ser un gran pulmón de oxígeno para Barranquilla y contribuir en el desarrollo de la diversidad biológica de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en cada quemazón lo convierten en una notoria fuente de afectación.
Una tutela negada y después revocada
La primera desprotección al disfrute de un ambiente sano y a la salud de los barranquilleros se presentó en 2019, cuando el entonces estudiante de derecho de UniNorte Luis Miguel Llorente Altamiranda presentó una acción de tutela en la que solicitaba que el Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) fuera considerado un ecosistema “sujeto de derechos”, y pedía que ordenaran acciones estratégicas para su protección, “debido al grave deterioro ambiental que está sufriendo”.
Sin embargo, la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, con ponencia del magistrado Abdón Sierra Gutiérrez, no aceptó los argumentos expresados por el peticionario y negó la tutela por “falta de legitimación”. El fallo que le dio la espalda a la ciudad fue impugnado y pasó a estudio de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema.
El magistrado Octavio Tejeiro Duque, a través de la Sentencia STC 3872-2020 del 18 de junio, revocó la decisión del Tribunal de Barranquilla y declaró a la zona protegida del Parque Isla Salamanca sujeto de derechos, entre otros argumentos, porque consideró que, por las respuestas de las entidades demandadas, quedó probada “la ausencia de acciones interinstitucionales para prevenir los incendios forestales indiscriminados y detener la degradación ambiental y sus consecuencias ecológicas y de salubridad”.
Además, ordenó “formular en un plazo de cinco meses un Plan Estratégico efectivo de acción, para reducir los niveles de deforestación y degradación de esta zona protegida”. Esta orden debían cumplirla la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, en coordinación con las demás autoridades del Sistema Nacional Ambiental.
El magistrado Tejeiro Duque ordenó, asimismo, que el plan para proteger Salamanca —y de paso la salud de los barranquilleros— “debía contener compromisos, autoridades responsables, ejes de acción y fechas concretas para la promoción de actuaciones de prevención y restauración”. También debía conformarse un Comité Permanente de Seguimiento al Plan Estratégico, que tenía que realizar, durante los dos años siguientes, informes bimensuales dirigidos a la Corte Suprema y al Tribunal Superior de Barranquilla.
Más incendios e incumplimientos
De acuerdo con datos oficiales, de 2015 hasta 2022, que incluye el periodo de seguimiento de la Corte Suprema, en el Salamanca se presentaron 63 incendios, causados en su mayoría por quemas provocadas por colonos, pescadores y cazadores de especies silvestres. En ese lapso fueron destruidas 530 hectáreas.
Es decir, a pesar de las loables intenciones de la sentencia de la Corte, que tiene implicaciones de fondo en torno a la protección de este tipo de áreas naturales en el país, los resultados no han sido los esperados: la destrucción de Salamanca y el daño ambiental a Barranquilla continua.
Por eso, al evaluar lo sucedido con la Sentencia STC 3872-2020, Luis Miguel Llorente, hoy abogado titulado; Jairo Jiménez Caro, estudiante de derecho de UniSabana, y Juan Pablo Sarmiento Erazo, profesor de esta institución académica capitalina, vinculados a la línea de litigio de Problemas actuales ambientales de la clínica jurídica de interés público y derechos humanos de la Universidad de La Sabana, presentaron un incidente de desacato.
Pormenorizadamente, estudiaron que después de lo ordenado por la Corte en 2020, los incendios no pararon:
– En 2022, el 6 de abril ardió el sector de Las Playitas, y entre el 15 y 17 del mismo mes los bomberos voluntarios de Parques Naturales y del municipio de Sitionuevo tuvieron que atender un incendio cerca de Bocas de Ceniza.
– En 2023, del 20 al 22 de junio en la zona del caño El Torno las llamas arrasaron 106 hectáreas de cobertura vegetal.
– El 24 de agosto de esa anualidad en la zona de la Ciénaga de las Albercas otro incendio arrasó con más de 70 hectáreas de la zona protegida.
– El 29 de septiembre, nuevamente, hubo otro incendio en el islote San Joaquín, frente a la reserva forestal, donde fueron dañadas 11 hectáreas del área protegida.
Tribunal niega desacato
Paralelo a los daños al ecosistema, Llorente, Jiménez y Sarmiento, con base en información que les entregó Barranquilla Verde como autoridad ambiental distrital, demostraron en el incidente de desacato que en la época de incendios la calidad del aire en la capital del Atlántico se deterioraba al alcanzar “niveles dañinos para la salud de la población en general”.
“Si bien se ha dado cumplimiento a algunas de las órdenes de la sentencia, las entidades no han desplegado las acciones institucionales “efectivas y suficientes” dentro del marco de sus competencias para cumplir los propósitos que persigue la Sentencia STC 3872-2020, esto es, reducir los niveles de deforestación y degradación de la Vía Parque Isla de Salamanca, así como recuperar las zonas afectadas por los recurrentes episodios de incendios forestales y proteger al ecosistema de cualquier actividad humana que afecte los nacimientos de agua y las especies de flora y fauna que allí habitan”, fue uno de los argumentos de los demandantes.
La Corte remitió el proceso al Tribunal de Barranquilla. La Sala Sexta Civil – Familia Singular, en fallo del 29 de enero de 2023, con ponencia del magistrado Bernardo López, se abstuvo de abrir el incidente de desacato y lo archivó pese a todas las evidencias.
En criterio del magistrado, Parques Naturales, el Ministerio de Ambiente y la Presidencia, demandadas porque estarían incumpliendo la sentencia de la Corte, presentaron sus informes. En el papel, “se han venido adelantando diferentes labores, seguimientos, planes de control y demás acciones tendientes a cumplir a cabalidad con el fallo de tutela”.
Dándole validez a lo dicho por estas entidades, en el fallo de muy rápido análisis de apenas 5 hojas, manifestó que “en sus informes se puede evidenciar que se ha desarrollado el plan estratégico de acción para la reducción de la deforestación (…)”, y agregó que “en ese orden de ideas, se contrasta el cumplimiento hasta este punto de lo ordenado en sede constitucional de manera y suerte que se procederá a abstenerse de hacer apertura al incidente, en la medida en que no existe mérito para ello”.
De espaldas a una realidad
Es decir, pese a los cinco nuevos incendios, entre ellos el de junio de 2023 que ha sido el segundo de mayor daño para el medio ambiente y la destrucción de Salamanca, el Tribunal de Barranquilla le volvió a dar la espalda a la protección de la ciudad y del ecosistema.
“Las entidades pueden presentar sus informes en el tiempo que les ordenó la Corte, pero el tema de fondo es si esas medidas que están implementando en realidad ayudan, si se ven reflejadas en la práctica en favor del Parque Salamanca y de Barranquilla. Presentar informes en el papel no es cumplir una sentencia; hay que verificar si dichas instituciones están garantizando los derechos fundamentales protegidos por la Corte Suprema. Es lo que se llama la eficacia del derecho”, dijo a 30Dias.co un abogado constitucionalista.
Sobre el archivo del desacato, el profesor Juan Pablo Sarmiento manifestó que siguen preocupados por los daños en Salamanca. “Esperábamos que se hiciera cumplir la decisión de la Corte; constatamos que los incendios continúan, que la implementación de las medidas ha sido más en papel; que hay estudios y programas, pero que la colonización del Parque sigue ocurriendo”.
“Lo que ha pasado en estos días —enfatizó Sarmiento— es la evidencia de las circunstancias que rodean el Parque. Hubiésemos preferido una decisión, no en favor nuestro, en favor del Parque Salamanca, de la ciudad de Barranquilla y de las generaciones futuras: ¡eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia en su sentencia al advertir la importancia del ecosistema y declararlo sujeto de derechos!”.
En una nueva protesta pública por la quemazón en el Salamanca, y lamentando que no es su jurisdicción, el alcalde Alejandro Char, en diálogo con 30Dias.co, enfatizó que “desde hace años hemos hecho propuestas contra estos incendios que dañan el medio ambiente de nuestra ciudad y la salud de todos. Nosotros esperamos que nos escuchen, porque esto no puede seguir sucediendo. Lamentablemente, no podemos actuar como queremos, porque no es territorio nuestro y es Barranquilla la que resulta gravemente afectada por cada desastre de estos”.
*Créditos fotográficos: Comando Aéreo de Combate III; Demetrio Aguas, Dimar, y Policía Nacional.
