Personería de Barranquilla incrementa las alarmas por la “crisis humanitaria” que viven los usuarios debido al deterioro del Sistema de Salud.
Por José Granados Fernández
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“Si antes era mala, ahora es peor”.
Al borde del llanto, indignada por la impotencia que le produce “la pésima e inhumana atención” de la Nueva EPS, Carmen Gutiérrez se queja por los padecimientos de su hijo Sergio Andrés, de 20 años y con Síndrome de Down.
“Hace dos años y medio estamos en esta lucha para que le autoricen terapias, pero la Nueva EPS se las niega; en este tiempo él se ha deteriorado, y hoy tiene esquizofrenia y epilepsia”, cuenta la mujer que se gana la vida planchando ropa a domicilio y tiene que llevarse a su hijo a donde le toque trabajar.
Gutiérrez era una de las 18 personas que, al mediodía del pasado miércoles, quedaban en el Centro de Atención de la Personería de Barranquilla urgiendo ayuda jurídica para reclamar ante las EPS que les cumplan con la entrega de medicamentos esenciales para sus vidas o que les autoricen las órdenes para hacerse exámenes médicos especializados contra el cáncer, el VIH, alergias, entre otras enfermedades.
“Seguimos muy preocupados por la profunda crisis del Sistema de Salud, que se refleja en el creciente número de quejas y reclamos que a diario recibimos en contra de las EPS”, dice el personero distrital, Miguel Ángel Alzate.
El funcionario sustenta sus cuestionamientos con cifras: en el primer semestre de este año las denuncias ante la Coordinación de Salud por falta de atención de las EPS sumaron 8.321 casos, de los cuales 3.214 correspondieron a la no entrega de medicamentos, con un aumento del 30% en comparación con el mismo periodo de la anterior anualidad.
Las cifras de los primeros seis meses de 2025 sobrepasan las de todo el 2024, año en el que la Personería informó que recibió 6.520 quejas asociadas a la desatención de estas entidades prestadoras del servicio de salud.
Entre las EPS más ineficaces en la entrega de medicamentos se encuentran la Nueva EPS, Cajacopi, Mutual Ser, Salud Total y Famisanar.
La mayoría de las quejas contra la Nueva EPS muestran el deterioro de su servicio desde cuando el Gobierno Nacional la intervino, Recientemente la Contraloría General publicó un informe que refleja un absoluto desorden administrativo y financiero en todo el país.
En diligencias de policía judicial recaudó información de las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025, el análisis preliminar detectó:
“Un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, variación significativa que afecta la situación financiera de la EPS.
“Evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones.
“Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados”, informó la semana pasada la Contraloría General.
Continúan las trampas al Sistema Judicial
La Personería de Barranquilla informó, igualmente, que los dispensarios de medicinas con más quejas son Cafam, Audifarma y Cruz Verde.
“Siguen llegando decenas de usuarios afectados por la no entrega de medicamentos, entre ellos enfermos con diabetes, hipertensión, trastornos psiquiátricos, epilepsia y VIH”, lamentó Alzate en diálogo con 30dias.co.
Por la “crisis explícita” que desde la época de la ex ministra Carolina Corcho generó el gobierno de Gustavo Petro, para presionar en el Congreso de la República la aprobación de la Reforma de la Salud, los que hoy sufren las consecuencias, sin ningún tipo de piedad, son en especial los enfermos del Régimen Subsidiado. Paradójicamente, ellos y sus familias forman parte del grupo poblacional más vulnerable.
Por eso, a pacientes como Sergio Andrés les niegan sistemáticamente la atención médica que urgen. Su caso, y el de cientos de pacientes atendidos, le ha permitido a la Personería de Barranquilla, a través de grupo de trabajo del Centro de Atención, en esquina de la carrera 45 con calle 38, identificar que en las EPS el llamado “paseo de la muerte” pasó a “una treta jurídica, un homicidio callado; un homicidio no con armas, sino con documentos, con órdenes médicas que nunca se cumplen”.
Wilson Llanos, Coordinador de Salud de la Personería, basa su afirmación en que, en su desespero por preservar sus vidas o la de sus familiares, los pacientes acuden a las tutelas, pero las EPS siguen haciendo trampas para no cumplir el mandato de los jueces.
El perverso escenario es el siguiente: cuando a un enfermo le niegan medicamentos o tratamientos médicas, acude a la tutela a través de la Personería, al momento de que el juez da traslado a las EPS, estas expiden las órdenes y se lo informan al juez, que es inducido a cerrar el caso porque cree que el hecho fue superado, pero la realidad es otra: cuando el paciente va a buscar sus medicinas o a pedir la cita para su examen o su terapia, le informan que no tienen la droga o que no hay contrato con la EPS. Nada le resuelven.
Burla y engaño a los jueces
Como el caso no fue superado, la Personería tiene que comenzar un nuevo proceso. Cumplidos los trámites judiciales del nuevo reclamo, el proceso llega en muchos casos hasta el incidente de desacato y los jueces imponen multas y ordenan arrestos contra los funcionarios responsables de la vulneración del derecho a la salud, pero a las EPS les da igual. Nada cumplen.
Es el caso de Dennys Cárcamo, quien sufre de una severa alergia desde joven. Denunció a 30dias.co que hace un año la Nueva EPS no le da el tratamiento médico a pesar de las tutelas a su favor.
“No cumplen la orden judicial”
Cuando todos los médicos tratantes le decían que su caso no tenía solución, el alergólogo Alfonso Cepeda concluyó lo contrario y le dijo que “sí podía tener calidad de vida” y le formuló una crema y una vacuna.
“Esta vacuna se sale de mi presupuesto, pues cuesta más de dos millones de pesos. Me la debe facilitar la Nueva EPS, pero no cumplen, no cumplen”, se queja.
En busca de ayuda jurídica, luego de que la tutela a su favor fue ratificada por un magistrado, la paciente fue a la Defensoría del Pueblo. Asegura que allí le dieron la espalda y le dijeron que su caso no era con ellos.
“¿Entonces…, que me coma el tigre?”
El camino es cada vez más tortuoso
Los retrasos en las citas médicas siguen siendo otro de los impedimentos para que los usuarios de las EPS, e incluso pacientes de regímenes especiales como el del magisterio y de la Policía Nacional, reciban la oportuna y eficiente atención a la que tienen derecho.
En contra de la Clínica de la Policía el ex uniformado Wilman Mendoza buscó apoyo en la Personería Distrital para tramitar tutelas que permitieran, también con urgencia, que le ordenaran el procedimiento quirúrgico que requiere por un cáncer de próstata.
En 2023 comenzó a gestionar la primera cita y duró más de un año para lograrlo. Sólo fue posible a través de la Superintendencia de Salud.
Cuando pensaba que todo iba a andar rápido, encontró más piedras en el camino.
“En la Clínica de la Policía me empezaron a poner trabas para los diferentes exámenes, gammagrafía, etc., y tuve que venir aquí a la Personería a que me ayudaran a que me hicieran esos exámenes”. Esa parte fue resuelta a su favor. Tras un procedimiento médico encontraron que las células cancerosas estaban sólo en la próstata. Le dijeron que necesitaba una cirugía.
La operación fue programada para el pasado 4 de septiembre, pero un día antes lo llamaron de la Clínica de La Costa para decirle que “ya no tenían contrato con la Clínica de la Policía”. Ante el anuncio, regresó a esta entidad y les comunicó la mala nueva. El anestesiólogo que lo valoró le dijo que ahora la atención se la darían en la Clínica La Misericordia.
Su temor, y el de la Personería, es que en este nuevo operador diga que deben comenzar a hacerle todos los exámenes. “Se ha perdido mucho tiempo”, expresa Mendoza con rostro de preocupación.
“Ojalá que acepten los exámenes”
Igual de angustiada se encontraba Karen De la Cruz. A su mamá, de 69 años y usuaria de la EPS Sura, le programaron en la Clínica del Caribe una cita para colocarle el 20 de noviembre un Holter para medirle el ritmo cardíaco, pues presenta problemas de presión, pero resulta que la paciente tiene que llevarle esos exámenes a un médico internista el 29 de septiembre.
“Mi madre —afirma De la Cruz— necesita ese examen, vine a meter una tutela porque es ilógico que tenga cita por Medicina Interna y vaya sin esos resultados”.
No encuentra lógico que los pacientes tengan que esperar 2 o más meses para que les hagan exámenes que resultan básicos para sus tratamientos médicos.
“Da gracias que un paciente canceló y le di la cita”
Por lo que ha calificado como una “creciente crisis humanitaria”, el personero Miguel Ángel Alzate va a citar a una mesa de trabajo urgente con las EPS y con quienes deben velar, entre ellos el Sistema Judicial, que se cumpla la atención médica y la entrega de medicamentos, conoció 30dias.co.
