Le cuestionan que, por el contrario, no ha hecho nada para evitar el colapso financiero y eléctrico de Air-e.
Por José Granados Fernández
X: @JoseGranadosF
“Ganar indulgencias con camándula ajena”, dice el refrán cuando alguien quiere atribuirse el logro de algo sin haber hecho nada por ello.
Eso es, ni más ni menos, lo que la Superintendencia de Servicios Públicos pretende al afirmar que por gestión suya las tarifas de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira bajaron 25 %, pero desconoce que la reducción es producto de una orden del Tribunal Administrativo del Atlántico que hace un año concedió la Acción Popular que los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate; Santa Marta, Edward Orozco, y Riohacha, Jeison Deluque, presentaron contra el “ruinoso sistema tarifario” creado por el gobierno del presidente Iván Duque.
En comunicado de prensa, el Superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, informó que la rebaja tarifaria se dio entre agosto de 2024 y septiembre de 2025 como efecto, asegura, de la intervención de la empresa Air-e por orden del gobierno de Gustavo Petro.
“El logro —dice Durán Carrón— se da gracias a la articulación institucional del Gobierno del Cambio entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Superservicios y la misma empresa, que en el marco de la intervención redujeron también otros costos asociados a los componentes de la tarifa de energía, tales como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria”.
Detalló que “el kilovatio hora pasó de $1.072 en agosto de 2024, una de las más altas del país en ese momento, a $796 kilovatio/hora en septiembre de 2025, lo que representa un 25 % menos en la facturación a pagar en el mes de octubre de 2025”.
La ordenó fue del Tribunal del Atlántico
“La narrativa que intenta imponer la Superintendencia de Servicios Públicos, tratando de ganar créditos, no es cierta”, le refutó Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios.
“Quien dio la orden de desmontar el régimen tarifario fue el Tribunal del Atlántico, producto de la lucha de los usuarios, de los gremios, de las fuerzas vidas, y a través de una Acción Popular que les concedió a los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha”, recordó el líder social.
“Fue una orden judicial, no voluntad del Gobierno Nacional”
En efecto, el magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, en sentencia del 22 de agosto de 2024 —fecha que coincide con la rebaja que se atribuye el Superservicios— le ordenó a la Creg tomar las medidas correspondientes, acorde a la normatividad vigente, a fin de expedir los actos administrativos para modificar las Resoluciones 010 de 2020 y 78 de 2021, y/o cualquier otra, con “el objeto reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica para la Región Caribe”.
Alarcón recordó que era tal la falta de voluntad del gobierno Petro frente a esos abusos con los usuarios de la Región Caribe, que en su Plan de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” dejó vigentes las normas que dieron vida al régimen tarifario, calificado por el personero Alzate como “regresivo y discriminatorio” por su impacto negativo para el desarrollo social y económico de esta zona del país.
“Falta la decisión final”
El personero de Barranquilla recordó que al verse obligada a cumplir la sentencia del magistrado Fandiño, la Creg no sólo tuvo que presentar ante la comunidad, el sector productivo y las organizaciones sociales su plan de acción para bajar las tarifas, sino que después dictó varios actos administrativos con los cuales, entre agosto de 2024 a la fecha, tomó las siguientes decisiones:
Dejó sin efecto el cobro del 20 % de los gastos de Administración Operación y Mantenimiento (AOM).
Y eliminó el discriminatorio cobro de las pérdidas no técnicas, es decir el robo de energía, equivalente a 90 pesos kWh, componente que solamente le estaban cobrando a los usuarios costeños.
Esto, y otras decisiones, produjeron la rebaja tarifaria.
Más recientemente, la Creg, en la Sesión 1.388 del 30 de mayo, reformuló el componente de Comercialización para definitivamente acabar el régimen tarifario, como lo logró la Acción Popular.
Sin embargo, esa decisión de la Creg fue a consulta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero hoy, 5 meses después, esta entidad no se ha pronunciado, lo cual ha retrasado el desmonte total del régimen tarifario. La demora es, de por sí, una responsabilidad atribuible al gobierno Petro a través de la SIC.
De acuerdo con los cálculos, una vez sea eliminado el componente de Comercialización la tarifa bajará otros 54 pesos por kilovatios.
“Air-e puede llegar a un colapso financiero”
El personero Miguel Ángel Alzate reafirmó sus preocupaciones sobre la crisis financiera no resuelta de Air-e, porque tanto la sostenibilidad como la viabilidad de la empresa “no han sido resueltas”.
“En nuestra región el 80 % de la población está en medio de una subnormalidad eléctrica y eso produce, a su vez, un servicio deficiente. Así que la verdadera solución para esta crisis es invertir en infraestructura eléctrica”, dijo.
Por eso advirtió que el siguiente paso, tras reducir las tarifas, es recuperar y fortalecer la infraestructura eléctrica, para no repetir las malas experiencias de Electricaribe y de Air-e. “Debe existir un verdadero plan para invertir en la infraestructura eléctrica de la Costa”.
Norman Alarcón, igualmente, llamó la atención sobre que el Gobierno Nacional tampoco ha tenido la voluntad de aportar los recursos para “evitar el colapso financiero y un apagón eléctrico” de Air-e, con lo que se afectarían más de 1.3 millones de usuarios.
Recordó que la Superintendencia de Servicios debió, a través del Fondo Empresarial, aportar los recursos que necesita Air-e para seguir prestando sus servicios, pero “de manera mezquina incumplen la Constitución” y no han hecho esos aportes.
“Lo que viene es supremamente grave”
Manifestó que en esta decisión es que debe intervenir, de manera efectiva y rápida, la Superintendencia y “no en atribuirse logros que no son de ellos, pues fue la Creg la que tuvo que actuar por mandato judicial”, insistió. Cualquier colapso o apagón eléctrico “será responsabilidad del gobierno Petro”, enfatizó.
