Armas incautadas a bandas criminales.
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Inseguridad y criminalidad en Atlántico y Barranquilla: los saldos siguen en rojo

Inseguridad y criminalidad en Atlántico y Barranquilla: los saldos siguen en rojo

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de UniNorte dio a conocer el análisis de las estadísticas del primer semestre de este año, en el que advierte que pueden surgir nuevas modalidades cruentas de violencia.

Por José Granado Fernández
X @JoseGranadosF

Más violento e inseguro resultó en el departamento del Atlántico y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) el primer semestre de 2024 frente al del 2023, por el aumento de los homicidios, las extorsiones y los atracos, además de que continuaron los desmembramientos de personas.

Lo sucedido entre enero y junio fue compilado y analizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, que publicó en las últimas horas el informe El homicidio como indicador de competitividad criminal, elaborado por el investigador y académico Janiel Melamed, con base en datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– y el acompañamiento del Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol –Dijín–.

Los resultados adversos golpean las estrategias y planes que ha anunciado el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en busca de mejorar la seguridad y la tranquilidad. Asimismo, no son nada halagüeños para las propuestas que en este mismo sentido ha hecho el gobernador Eduardo Verano.

En los 18 municipios del Atlántico que no forman parte del Área Metropolitana los homicidios crecieron 89% (de 19 pasaron a 36, para una variación de +17). Si bien en el AMB en su conjunto los crímenes bajaron 4% (361 a 345 para -16 casos), en Barranquilla aumentaron 16.3% (de 186 a 216).

Ante la criminalidad, el Observatorio advierte que pueden presentarse otros efectos que, sin duda, tendrían profundas incidencias sociales, económicas y políticas.

Al respecto, lanza varias alertas. Dice que “el cruento enfrentamiento entre organizaciones criminales persiste como el principal riesgo de gobernabilidad territorial”; señala que puede darse la “consolidación de las economías criminales y el fortalecimiento local del crimen organizado” y advierte que por la degradación el conflicto que mantienen las organizaciones dedicadas a la venta de drogas y las extorsiones, puede generarse un “repertorio de violencia con nuevas modalidades de operación criminal, caracterizadas por acciones de mayor complejidad y perfil en sus operaciones de posicionamiento y depredación criminal”.

Igualmente, alerta sobre un «posible incremento en el número de delitos contra la propiedad y de la violencia utilizada en estos incidentes». Aunque no lo dice específicamente, esta alarma haría referencia a, por ejemplo, ataques a quienes son víctimas de extorsiones.

A mediados de agosto, el personero distrital, Miguel Ángel Alzate, ante la ola de inseguridad y de crímenes, advirtió que era tiempo de actuar de manera coordinada entre las instituciones ante el “estado de negación” que ha existido por años en la ciudad sobre la presencia de bandas delincuenciales, lo que “les permitió un crecimiento que no dimensionamos y echar raíces”.

SICARIATO AL ORDEN DEL DÍA

Las disputas entre actores criminales por el control de rentas y economías ilegales “siguen dinamizando las principales manifestaciones de violencia y criminalidad” en Barranquilla, su Área Metropolitana y el resto del Atlántico, remarca el informe.

Como consecuencia de ello, el cierre del primer semestre de 2024 registró en Barranquilla una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 16.2, “la más elevada desde el 2016”, revela el análisis del profesor Melamed; detalla que, de mantenerse los promedios de homicidios en los meses faltantes para acabar el año, Barranquilla podría cerrar este año con más de 388 registros de homicidios y una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Hasta inicios de agosto el Distrito registró 258 homicidios, de los cuales 58.5% (151) fueron ejecutados por sicarios pertenecientes a las bandas criminales Los Costeños – Los Pachencas enfrentadas a Los Pepes – Cartel del Golfo.

Estos resultados traerían como consecuencia el “empeoramiento de indicadores y debilitamiento de la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos”.

Además del sicariato, los desmembramientos siguen siendo parte de las prácticas más crueles en esos enfrentamientos. Las estadísticas indican que en el primer semestre de este año hubo 5 casos más en Barranquilla.

Como la dinamización de los crímenes no se detiene, en los Municipios por fuera del Área Metropolitana la situación sigue siendo crítica, tanto que a comienzos de agosto esos territorios superaron el total de 50 homicidios registrados durante todo 2023.

MÁS EXTORSIONES, MÁS CAPTURAS

Las extorsiones, financiamiento a la que acuden grupos de crimen organizado, se mantienen como uno de los “principales desafíos al crecimiento económico”.

En el primer semestre, las exigencias de dinero a comerciantes, microempresarios y empresarios amenazados aumentaron en los Municipios el 17%; en el Área Metropolitana el 27% (449 denuncias contra 572) y en Barranquilla, en particular, el 19.2%.

Un indicador positivo en el balance semestral fueron los resultados de los operativos contra este delito: las capturas de extorsionistas aumentaron 43% y más positivo aún fue que el 96% de éstos terminaron presos.

“Que la mayoría de los extorsionistas hayan sido cobijados con detención intramural es el resultado de las denuncias y las investigaciones por decisiones judiciales que favorecieron a extorsionistas y a homicidas, a los que, inexplicablemente, les daban detención domiciliaria”, opinó un experto en temas de seguridad al que 30dias.co le pidió que evaluara los resultados del informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

INSTITUCIONES DESARTICULADAS

La consolidación del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla como centros estratégicos del Caribe “ha generado incentivos para la actuación delincuencial de estructuras multicrimen”, dice el informe.

Llama la atención que mientras las bandas criminales libran su cruenta guerra, a nivel institucional, donde debería existir articulación y coordinación para hacerle frente a la inseguridad y a la ola de homicidios y de extorsiones, existen, lamentablemente, “desavenencias entre mandatarios metropolitanos con el Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico por los recursos de la sobretasa a la Seguridad”.

Señala que si bien en el Área Metropolitana los entes territoriales han adoptado Planes de Desarrollos y Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana que cumplen con lineamientos técnicos, “han sido desarticulados y desconectados de problemáticas comunes entre los distintos entes territoriales”.

Considera que existe “falta de coherencia entre lo que se diagnostica, las problemáticas priorizadas, lo que se propone como objetivo fundamental y las estrategias para su consecución y que proporcionen indicadores que evidencien el adecuado impacto de lo implementado”.

Además, el informe manifiesta que las medidas institucionales locales “no dan abasto con las necesidades del día a día en materia de seguridad ciudadana a partir de escenarios de macrocriminalidad que requieren el apoyo permanente de las capacidades del nivel central”, es decir el Gobierno Nacional.

Subraya que las respuestas institucionales “chocan con la limitación de recursos y capacidades del ámbito local”.

¿QUÉ DEBE HACERSE?

Tras su análisis, el Observatorio de Seguridad Ciudadana hace las siguientes recomendaciones:

1. Robustecer la institucionalidad en materia de análisis y seguimiento de problemáticas asociadas al crimen organizado como base para garantizar la gobernanza local.

2. Propiciar la adecuada capacitación y gestión del conocimiento en aras de enriquecer el análisis y proporcionar capacidades de anticipación estratégica en la orientación de decisiones en la gestión territorial de la seguridad.

3. Articular comisiones especializadas con la Policía Nacional para adelantar planes de choque contra los principales dinamizadores de la violencia hegemónica, especialmente en sus finanzas y estructuras.

4. Adelantar planes de intervención microfocalizado en comunidades de zonas con mayor concentración del fenómeno del microtráfico.

5. Articular y orientar las dimensiones estratégicas, tácticas y operativas al interior de los Planes de Desarrollo, los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el AISEC (Análisis Integral de Seguridad y Convivencia) en aras de focalizar eficientemente la toma de decisiones que orienten las acciones destinadas a enfrentar estas problemáticas.

6. Desarrollar planes de seguimiento a procesos penales del crimen organizado para optimizar la dimensión judicial de lucha contra el delito.

El análisis también menciona lo que sucede con la llamada Paz Total que impulsa el presidente Gustavo Petro, la cual no ha dado resultado, pero ha servido para que los grupos armados ilegales amplíen su presencia en el territorio nacional.

Al señalar que el Distrito y el Departamento del Atlántico “pueden experimentar coletazos” derivados de las dinámicas de negociación de la Paz Total, el Observatorio recuerda que la Fiscalía General de la Nación emitió una Alerta Temprana advirtiendo la creación en Barranquilla, del Frente Urbano Martín Caballero del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, que estaría planeando atentados terroristas en Barranquilla y Soledad contra las instalaciones y el personal de la Policía y el Ejército, en caso de una ruptura del cese al fuego en el marco de la agenda de negociación con el Gobierno nacional.

Como otro factor que complicaría la situación existente menciona que “la expansión del Clan del Golfo, por el interés geoestratégico de controlar los corredores hacia los puertos y las zonas costeras que proporciona salidas marítimas esenciales para el tráfico de clorhidrato de cocaína, tiene el potencial de aumentar los niveles de violencia homicida en el Área Metropolitana de Barranquilla”.

Al respecto, dice que existe el “riesgo del incremento del control criminal sobre sectores sociales a partir de violencia selectiva de menor exposición, frente a la que pudieran ocasionar infracciones humanitarias”.

El siguiente es el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de UniNorte:

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