Al líder social no le prestaron la debida protección a pesar de las amenazas que recibió por denunciar a vendedores de drogas y casos de corrupción.
El 3 de julio de 2018, cuando el país veía el partido de Colombia contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Rusia, en Palmar de Varela, Atlántico, dos sicarios cumplieron las amenazas proferidas contra el líder social Luis Cuarto Barrios Machado y lo asesinaron a balazos en su humilde vivienda del barrio Villa Paraíso.
Seis años después del crimen, la Nación, a través del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, acaba de ser condenada a pagar una millonaria suma de dinero a la familia de la víctima por perjuicios morales, de acuerdo con la sentencia del Juez 64 Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, John Ceballos Gaviria.
Para el juez, la situación de vulnerabilidad que vivía el líder comunal era conocida por la Policía Nacional, al punto de que él había denunciado amenazas permanentes por sus denuncias contra expendedores de drogas y por casos de corrupción con obras en Palmar de Varela, pero no recibió la debida protección. “(…) lo que implica —dice la sentencia— que se habría incurrido en una omisión al no haberse desplegado las acciones pertinentes para evitar la materialización de las intimidaciones denunciadas en múltiples oportunidades”.
José Humberto Torres, abogado defensor de derecho humanos y quien representa a la familia Barrios Machado, recordó que el ministro del Interior de la época, Guillermo Rivera, aceptó la responsabilidad estatal por omisión. “Asumimos esa responsabilidad”, dijo, y sostuvo, en declaraciones a medios nacionales, que este era “uno de los casos más dolorosos porque él (Luis Cuarto Barrios) había solicitado una medida de protección”.
No obstante de que el Estado verificó la existencia de las amenazas a la víctima no le dieron la protección necesaria.
En la demanda, Torres Díaz advirtió que en mayo de 2014 Barrios Machado denunció penalmente a un policía por poner en riesgo su vida tras revelar su identidad como denunciante de personas dedicadas al microtráfico en Palmar de Varela.
Pese a la sistematicidad y gravedad de las amenazas que durante una década recibió el líder asesinado, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de la UNP consideró que su riesgo era ordinario y le negó la protección que había solicitado, expresó el abogado defensor.
Para la época del homicidio, el 26 de junio de 2018, la Fiscalía seccional Atlántico le solicitó al Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla medidas de protección urgentes para Luis Cuarto Barrios, llamado que tampoco se cumplió. El 3 de julio, una semana después, lo asesinaron.
Por eso, el juez Ceballos cuestionó que pese a que era conocido el riesgo que corría Barrios Machado, en su calidad de presidente de la veeduría de control ciudadano y de presidente de Asocomunal del municipio de Palmar de Varela, no recibió la protección del Estado, “máxime cuando se trataba de un líder social que llevaba más de 8 años siendo víctima de amenazas e intimidaciones con ocasión de su labor de gestión social a la gestión pública y, que había acudido en diferentes oportunidades a interponer denuncias y solicitar ayuda a las autoridades”.
Al proferir la sentencia condenatoria, el juez precisó que “no se trata de imponer a la Fuerza Pública una obligación de resultado frente a acciones ilegales de terceros, de modo tal que se le exija un control y neutralización absolutos de cada ataque contra la población civil, sino la obligación de emprender todas las acciones posibles dentro del marco de la ley, esto es, la optimización de los recursos institucionales dirigidos a brindar una protección idónea y eficaz; sin embargo, en el presentes caso, la Policía Nacional no acreditó acciones planeadas y efectivas a efectos de brindar seguridad y protección al señor Barrios Mahecha, sino que se limitó a impartir recomendaciones de autoprotección y a hacer una ronda diaria a su residencia, permitiendo el libre accionar de los violentos”.
Por el asesinato de Luis Cuarto Barrios Machado, el 23 de agosto de 2018 la Policía Nacional capturó a Javier Pavón Vásquez, señalado de disparar contra el líder social, y a Jeffrey Jesús Madera Maldonado, quien conducía la motocicleta en la que huyeron.
En febrero de 2020, tras una investigación que incluyó interceptaciones telefónicas, un juez ordenó capturar a los hermanos Marcial y Yahir Morales Charris, por el delito de homicidio agravado.
Dos de los capturados se acogieron a sentencia anticipada; uno de los sicarios llegó a un acuerdo con la Fiscalía en un principio de oportunidad y se comprometió con el ente acusador a entregar detalles sobre los móviles y determinadores del crimen. Pero no ha sucedido más nada. Según las investigaciones, el asesinato lo habrían planeado en la finca de un conocido empresario vinculado al sector salud, recordó la oficina de abogado José Humberto Torres.
Lea aquí la sentencia en contra de la Nación:
